Crisis en la sanidad concertada
El comité de empresa no cree justificado el preconcurso en Povisa
Los trabajadores temen que la situación actual provoque la fuga de usuarios adscritos al centro concertado a los hospitales de la red pública
![Miembros del comité de empresa del hospital, en rueda de prensa](https://s3.abcstatics.com/media/espana/2018/10/05/povisacomite-kn0G--1248x698@abc.jpg)
Los trabajadores Povisa tienen serias dudas sobre la justificación del preconcurso de acreedore s anunciado por el hospital privado concertado hace una semana. En las cuentas auditadas hasta 2016, aseguran, «no hay nada que justifique ni haga prever el concurso» y en las de 2017 —todavía no registradas, según denunció este mismo jueves En Marea— tampoco hay «nada alarmante» que, por lo que han podido saber los trabajadores, explique la decisión de la empresa. El hospital, sostienen, registró pérdidas en 2010 (casi dos millones de euros), en 2015 (casi cuatro millones) y en 2016, (3,2), pero 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014 fueron ejercicios con beneficios, más de 14 millones en total.
En rueda de prensa, los representantes sindicales señalaron que la dirección les ha transmitido que «el Sergas va a garantizar que todos los trabajadores cobren sus nóminas cada mes». En cualquier caso, temen que, si la situación no se reconduce en los tres meses que la declaración del preconcurso habilita para llegar a acuerdos, el concurso se consume y, con él, una reestructuración del hospital .
Povisa, apuntó la representante sindical María Jesús Neira, sigue transmitiendo que la cuantía anual por que el Sergas abona por paciente concertado no es suficiente y que la interpretación del convenio suscrito en 2014 (vigente por ocho años más y dos de prórroga) es lesiva para los intereses del hospital. «Estamos pagando la ineptitud de alguien por no sentarse a negociar como Dios manda ese convenio» , lamentó.
Demandan que en las negociaciones en curso entre el Sergas y Povisa (el jueves acordaron un fórmula para aliviar el gasto del hospital privado concertado en farmacia y exploran vías para facilitar al centro la ocupación de su 139.000 tarjetas públicas autorizadas) tenga en cuenta también a la plantilla, que arrastra un convenio congelado desde el año 2010. Así, informó Efe, demandan a las partes que «el dinero que se acuerde en estas negociaciones se vincule a los trabajadores; no puede ser que haya beneficios para ellos y nosotros sigamos en las mismas condiciones de trabajo ».
Los trabajadores temen que la situación se traduzca en la fuga de usuarios públicos, debilitando aún más los ingresos del centro privado. Aguardarán al avance de las negociaciones pero advierten: «Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta en el momento en el que estén en peligro los puestos de trabajo» .
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