El caso de las monjas retenidas, a la espera de un informe policial

Las tres monjas presuntamente retenidas contra su voluntad en el convento de las Mercedarias de Santiago no denunciarán a la madre superiora. Ante la negativa de las religiosas a formalizar una denuncia, la investigación puesta en marcha por la Policía Nacional de Madrid queda ahora en manos de la Fiscalía, que será la que decida si actúa de oficio para que el caso siga adelante, o no. Según fuentes del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital gallega, la clave está en un informe policial pendiente que arrojará luz sobre las circunstancias actuales de las religiosas y que no debería dilatarse demasiado en el tiempo. Con este documento sobre la mesa, el Ministerio Fiscal valorará los indicios con los que cuentan y determinará los pasos a seguir en la polémica investigación.

De forma paralela, desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicaron ayer que el caso irá a reparto entre uno de los tres juzgados de instrucción de la ciudad antes de practicarse nuevas diligencias, dado que los hechos que se investigan ocurrieron en una «fecha inconcreta». Pero este reparto también tendrá que esperar al informe que desvelará la situación actual de las tres monjas indias que decidieron abandonar el convento compostelano cuando los agentes y la juez se presentaron en el templo.

Por su parte, desde la Archidiócesis de Santiago guardan silencio tras manifestar en un comunicado el pasado martes que ninguna de las tres religiosas, en estos momentos en el centro de la polémica, habían pedido abandonar el convento. Según esta institución, lo que sí estaba en marcha era un proceso para que las monjas colgasen los hábitos que habían iniciado las pasadas navidades, justo un año y medio después de su último viaje a su país de origen para ver a su familia.

También queda por aclarar otro de los puntos claves de este caso, que busca discernir el porqué dos mujeres de la India con permiso de residencia fueron deportadas en 2011. De la misma manera, la investigación deberá concluir si las tres religiosas que el sábado abandonaron el templo en el que llevaban ingresadas entre 15 y 17 años tenían acceso a su documentación. Atendiendo a las diligencias elaboradas por los agentes encargados del caso, intramuros podrían haber existido «amenazas veladas» con una posible deportación a su país. Los efectivos también destacaron en sus conclusiones que la prolongada convivencia de las religiosas en este recinto de clausura habría afectado a su voluntad a la hora de pedir ayuda o de exigir sus pasaportes.