Política
La cara B del debate sobre el fin de los aforamientos
Galicia, que cuenta con unos 8.500 aforados, se inclina por suprimir esta figura en los cargos políticos pero sin dejar de lado su protección
Un privilegio necesario, una circunstancia especial o un anacronismo. Son muchos los enfoques que abordan el debate de la supresión de los aforamientos: una conversación pública que se acalora cuanto más se la vincula con el desprestigio de la clase política. Y Galicia no es ajena a ello. En la Comunidad, esta figura judicial protege a unas 8.500 personas. Un grupo compuesto por el presidente de la Xunta, sus conselleiros, los diputados autonómicos o la Valedora do Pobo; además de los jueces y fiscales y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado . Todos —hete aquí la polémica— responderían por la comisión de un delito ante un tribunal superior en lugar de someterse, como el resto de ciudadanos de a pie, a los dictámenes de un tribunal ordinario.
Si están o no tocados por una varita judicial es una discusión que en los últimos días ha recobrado músculo; una fuerza que antaño galopaba a lomos de las consignas del 15-M y de la indignación por la corrupción, y que ahora ha devenido en el material con el que el Gobierno —asediado por el escándalo de la tesis publicado por ABC— ha revestido su último anuncio de relumbrón. El pasado lunes, Pedro Sánchez propuso una reforma de la Constitución para eliminar «en 60 días» los aforamientos a políticos, pero la idea fue perdiendo lustre a medida que el PSOE entró en los matices . El último:la supresión dejaría al margen los delitos relacionados con corrupción.
Galicia este episodio ya la conoce. En junio de 2017 el Parlamento aprobó por unanimidad un acuerdo para decir adiós a los aforamientos «preservando en todo momento que estas personas no puedan ser perseguidas por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones»: la verdadera caja de Pandora de toda esta cuestión. El texto, redactado por el diputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, incorporó las transacciones del PP y del BNG. Se sellaba así un consenso que, liberado de la destilería ideológica de cada partido, se mantiene esencialmente en pie. Cualquier cambio en los aforamientos políticos en Galicia exigiría una reforma del Estatuto (art. 11.3 y art. 18) sometida a posteriori a referéndum.
Pero, ¿significan los aforamientos un verdadero privilegio?, ¿son otro de esos valladares que separan a sus señorías de sus representados, como está comúnmente aceptado? «Normalmente son un engorro», introduce Xosé Luis Barreiro Rivas , profesor de Ciencias Políticas de la USC. «El aforamiento no trata de proteger al político, trata de proteger al sistema para que no se utilice de forma torticera o para provocar su colapso», agrega.
En la memoria a corto plazo sobrevienen las macroinstrucciones sobre tramas de corrupción que esperan en un limbo la fecha de juicio, o la pena de telediario impuesta a algunos cargos que resultaron primero detenidos, luego investigados, y más tarde exonerados de toda culpa. «España está abarrotada de aforados linchados por procedimientos judiciales», lamenta Barreiro .
Según datos aportados a ABC por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el año 2017 las salas de lo Civil y de lo Penal incoaron 19 procedimientos contra aforados, de los cuales solo uno tenía como protagonista a un político. Ninguno fue admitido a trámite . En 2016, los procedimientos fueron 37, cinco de ellos contra políticos. Al final, dos se admitieron a trámite pero en uno el TSXG perdió la competencia. Se trata del caso que envuelve al exlíder del PSdeG, Pachi Vázquez, que renunció a su escaño en 2015 tras ser investigado por prevaricación durante su etapa como alcalde de O Carballiño.
Opinan los portavoces
Los portavoces del Parlamento autonómico se inclinan por dejar hacer al PSOE y al Gobierno. «Cuando se quiere reformar la Constitución hay que hacerlo hablando, de forma seria, y no en una conferencia sin concretar el contenido» , previene Pedro Puy, portavoz del PPdeG en la Cámara gallega.
El dirigente popular asegura que el discurso de la formación no ha variado respecto a la unidad forjada en 2017 y se remite a la línea marcada en los últimos días por Alberto Núñez Feijóo. «Estamos a favor (de suprimir los aforamientos), pero que sea dentro de un marco a nivel estatal, y donde se analicen los sistemas de protección de los representantes autonómicos y estatales». Eso, de entrada, porque Puy insiste en que la eliminación de los aforos en ningún caso debe acarrear «la desaparición de la inviolabilidad para que los diputados puedan seguir ejerciendo su labor».
Precisamente una de las opiniones con más eco en la calle denuncia que aforamiento es una figura inexistente en otros países europeos, caso de Reino Unido o Alemania. Para Barreiro este es «un enfoque equivocado». El aforamiento sería fácilmente eliminable, dice, «si hubiese una cultura judicial seria y profunda como la de los ingleses», habituados a agilizar procesos «en dos o tres semanas». Y sobre Alemania, tres cuartos de lo mismo. «Cuando hablamos de que no tienen aforados estamos a dando a entender que los parlamentarios no están protegidos: están protegidísimos. El diputado no tiene ni por qué declarar si no quiere».
La izquierda, no obstante, insiste en distinguir entre lo que hace un cargo mientras ejerce su labor y las posibles irregularidades que pueda cometer fuera. «¿Por qué una tasa del alcoholemia positiva tiene que ir al Tribunal Superior? No tiene ninguna justificación», argumenta Luís Villares, portavoz de En Marea. El rupturista entiende que en estos momentos el aforamiento apenas supone una «garantía adicional» y se corre el riesgo de transmitir la imagen de «privilegio» contra la que tanto se conjura el partido instrumental: «Que el ciudadano perciba que estamos sometidos a las mismas reglas que el resto. En pleno siglo XXI, mantener la inmunidad como en el caso de la Familia Real es anacrónico», incide el magistrado en excedencia, igualmente crítico con las instrucciones infinitas: «Son una barbaridad en términos democráticos».
Más matizada es la posición de los socialistas gallegos. Xoaquín Fernández Leiceaga niega, por un lado, que el movimiento del PSOE se deba un cortina de humo — «las hay con mucha menos consistencia», alega»— y, por otro, que los aforamientos sean un privilegio. «Son una circunstancia», aclara, «que hace que se elija a un tribunal especial». En todo caso el portavoz de la formación en O Hórreo indica que la protección de los parlamentarios es un «bien superior a proteger» en aras de evitar que «una utilización perversa» del sistema acabe limitando su «capacidad de expresarse».
Olalla Rodil (BNG), por su parte, carga contra los «anuncios estrella» del PSOE y también se apunta a la tesis de que los representantes deben responder por sus asuntos privados «por la vía ordinaria». La viceportavoz del Bloque incluso lamenta que la falta de «pedagogía» llevara a que los aforamientos estén lejos de ser identificados como una «garantía». La responsabilidad se la imputa a la corrupción que afecta al PP y al PSOE, ambos cooperadores necesarios si Galicia quiere fajarse de lo que unos llaman privilegio, otros anacronismo, y todos aforamientos.
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