Guía práctica
Cancelación, retraso, devolución... ¿Qué hacer si se compraron entradas para O Son do Camiño?
Las asociaciones de consumidores explican qué derechos asisten a quienes adquirieron localidades para el festival, que debería comenzar el próximo jueves en el Monte do Gozo
El accidente sufrido por la organización de O Son do Camiño, con el hundimiento del escenario principal del evento a apenas una semana para el comienzo del festival en el Monte do Gozo ha abierto una lógica inquietud en los miles de personas que adquirieron sus entradas y abonos. Por el momento nada hace pensar que los conciertos no vayan a celebrarse, aunque ello vaya a obligar a los promotores a trabajar contrarreloj para llegar en tiempo y forma el jueves al comienzo de las actuaciones. Ese es el mensaje que se ha transmitido desde la Xunta durante este viernes, ¿pero qué derechos asistirían a los consumidores que hubieran adquirido sus localidades ante una eventual cancelación o retraso del festival?
Si los organizadores no pudieran celebrar finalmente el festival , «el consumidor tiene derecho a la devolución de la entrada», pero también «a que se le indemnice por los daños y perjuicios causados», explica Xoan Antón Pérez-Lema, secretario general de la Asociación Gallega de Consumidores y Usuarios (Acouga). «Si se producen costes por la cancelación de hoteles» o de medios de transporte, estos podrían ser reclamables alegando que el motivo del viaje ha sido suspendido, en este caso el festival. Pero previamente habrá que solicitar la cancelación al hotel o a las compañías aéreas o de tren, y que este trámite pueda acreditarse posteriormente en la reclamación formal que se plantee. «Primero se debería reclamar a la promotora, y si no me respondiera, yo plantearía una demanda ante el Instituto Gallego de Consumo, es lo más barato, no requiere de abogado y se garantiza una resolución rápida» en forma de «laudo arbitral, que es firme en derecho».
En el caso de que se plantee un retraso de unos días , se estaría produciendo «una alteración sustancial» de las condiciones del contrato entre promotora y espectador. «Ya no es el mismo festival». De producirse este hipotético escenario, al consumidor le asiste el derecho a reclamar con las mismas vías que si se cancelara el evento, incluidos los perjuicios «siempre acreditando que fueron pagados, y que se desplegó una actividad demostrable para intentar conseguir las mejores condiciones económicas» para cancelar hoteles o medios de transporte. «Si los organizadores ofrecen un canje de entradas por las nuevas fechas, el consumidor que acepte va a renunciar a cualquier reclamación de otro tipo».
¿Y si el festival se celebrase pero en un formato más reducido? Pérez-Lema considera que es un escenario «más difícil». «Yo entiendo que deberían ofrecer un descuento», interpretando que «no sería un incumplimiento esencial de las condiciones» por parte de los organizadores. «Si hablamos de un concierto con cuatro estrellas y se caen dos, pero se sustituyen con relleno, ese concierto no es el mismo, aunque se haga en el mismo lugar y a la misma hora».
Un último caso hipotético. O Son do Camiño se celebra tal y como estaba previsto, sin alteración de cartel ni fechas. Pero resulta que hay espectadores que no se sienten seguros y prefieren devolver sus localidades . «No te asiste ningún derecho», considera el secretario general de Acouga, «si la organización dice que continúa con el festival, y no hay ninguna decisión judicial o de la autoriidad administrativa competente, aquí hay un cumplimiento de contrato». «El sentimiento subjetivo del miedo es entendible, pero no tiene sustento jurídico ninguno», zanja.
¿Cómo canalizar unas eventuales reclamaciones? Xoan Antón Pérez-Lema advierte que «la vía civil y la vía de consumo son incompatibles», por lo que si se recurre a una se ciega la otra. «La vía civil por cuantías menores a 3.000 euros no tiene apelación», indica, «mientras que el laudo de Consumo es firme en derecho salvo que se plantee un recurso especial de nulidad ante el TSXG, pero que es muy poco común». La instancia habría de dirigirse al Instituto Gallego de Consumo, y valdría con acercarse a cualquier oficina municipal de información al consumidor.