'CASO CUÑADA'
Asociaciones subvencionadas por Abel Caballero piden el indulto para un condenado por corrupción
Recibieron más de 500.000 euros de dinero público en 2021, y en febrero formalizaron su petición de la medida de gracia al principal condenado por enchufar a la cuñada de la teniente de alcalde en una contrata municipal
En Vigo el dinero público no sirve solo para pagar los millones de luces led que iluminan la Navidad. Veinticinco asociaciones y entidades de la ciudad, receptoras habituales de subvenciones municipales, rubricaron a lo largo del mes de febrero manifiestos favorables a la concesión del indulto parcial al principal condenado del 'caso cuñada', el exfuncionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe , sentenciado a cinco años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 9 años y un día, como principal responsable de la red de facturas falsas que permitieron el enchufe de la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva , en una contrata municipal durante cinco años y con un coste para las arcas públicas de más de 100.000 euros a cambio de nada.
Estas asociaciones recibieron durante el pasado 2021 más de 500.000 euros en subvenciones y convenios , tal y como recoge la web de transparencia del Concello de Vigo. Son, en su mayoría, asociaciones vecinales, de comerciantes y culturales de la ciudad, para las que la recepción de estos fondos es clave para su subsistencia o la realización de actividades a lo largo del año. Algunas son muy conocidas, otras no tanto, como la Asociación de Veciños Consumidores e Usuarios de Beade, la Federación Vigo Comercio, la Asoc. de Comerciantes Vigo Centro, 'O Carballo de Sárdoma', la Federación de Peñas Recreativas 'El Olivo', la AA.VV. Feira de Cabral, la Unión Deportiva Cultural Deportiva Candeán o la Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo.
Además de las veinticinco asociaciones receptoras de ayudas, otras doce han suscrito igualmente manifiestos para que el funcionario condenado reciba la medida de gracia del indulto parcial , que él mismo solicitó el pasado diciembre al Ministerio de Justicia, alegando entre otros motivos su militancia en el PSOE y la UGT. En todos los manifiestos —presentados por la defensa de Gutiérrez Orúe— hay un elemento común: su redacción. Como si hubieran salido de una misma plantilla, en la que solo se cambia el nombre de la entidad y la de los abajo firmantes, el cuerpo de la declaración es idéntico entre unos y otros : «...quieren manifestar su expresa adhesión a la solicitud de indulto parcial presentada ante el Ministerio de Justicia el día 14/12/2021 por D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe, en relación con la pena de prisión de cinco años y tres meses que le fue impuesta por sentencia de fecha 11/2/2019, de la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Quinta, dictada en Autos de P. Abreviado nº 75/2017, ratificada por la Sentencia nº 908/2021, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Este extracto —con sus mayúsculas, sus comas y sus abreviaturas— es común en las treinta y siete adhesiones incorporadas al procedimiento, y que buscan evitar que Orúe entre en prisión, a pesar de la condena firme impuesta por el Supremo.
En la declaración de una de las asociaciones se revela que, en efecto, el texto formó parte de una plantilla remitida al tejido asociativo. La Asociación Galega San Francisco se 'olvidó' de eliminar la línea de puntos de la fecha y del nombre de la entidad adherida, y rellenó el hueco a mano, mientras que el resto sí se molestó en introducirlo a través de un programa de edición de textos. Las treinta y siete declaraciones están fechadas entre el 10 y el 23 de febrero de este año.
Las subvenciones concedidas no son generalmente grandes cuantías, si se exceptúa el convenio de 100.000 euros firmado por el Concello con la Federación Vigo Comercio. Por lo general oscilan entre los 1.000 y los 19.000 euros , y se reparten a través de distintas convocatorias, como la línea de subvenciones para participación ciudadana —departamento en el que fue jefe de servicio Gutiérrez Orúe—, la de entidades deportivas o la de fomento del empleo para entidades sin ánimo de lucro, entre otras.
Hay excepciones, como el de la Asociación Cultural Interfolc: una de las cantidades recibidas es a través de una subvención nominativa directa. Así se le adjudicaron 63.000€ en julio de 2021 para la organización de un festival folclórico, además de poner a su disposición a efectivos de la Policía Local y de Protección Civil. Otra subvención directa recayó en la Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo, que mediante convenio ingresó 10.000 euros en el mes de abril para la organización de la Festa da Cultura.
Evitar la cárcel
Desde que la sentencia por prevaricación alcanzó firmeza tras ser ratificada por el Tribunal Supremo, la defensa de Gutiérrez Orúe está intentando por todos los medios evitar que entre en prisión para cumplir la pena impuesta. Así, solicitó a la Audiencia Provincial la suspensión de la pena mientras no se resuelve la solicitud de indulto, cursada en diciembre, y que hasta la fecha tiene pendiente los informes de la Fiscalía y la asociación Xuntos por Galicia, denunciante del caso, si bien no son vinculantes para la decisión de los magistrados.
En su defensa, Gutiérrez Orúe alegaba que no se había lucrado con el delito cometido , que había reembolsado la cantidad defraudada, la imposibilidad de reincidencia delictiva al haberse jubilado de su puesto como alto funcionario en el consistorio olívico, así como su «trayectoria anterior intachable, como trabajador público, además de concienciado con los derechos sociales y de los trabajadores desde su afiliación al sindicato UGT y al PSOE».
El otro condenado, el exapoderado de la concesionaria Imesapi, Ramón Comesaña, también s olicitó la suspensión de su entrada en prisión para cumplir la pena impuesta de un año y seis meses por su participación en el 'caso cuñada'.
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