Arranca el Área Metropolitana de Vigo entre duros enfrentamientos por el transporte

Llevaba días abonándose el terreno y no cabía esperar que en la asamblea constitutiva del Área Metropolitana de Vigo se rebajase el tono de tensión que marcó las horas previas a la celebración del pleno. Una sesión especialmente bronca protagonizada por duros enfrentamientos entre los concejales del PP y el PSOE ante la negativa de Vigo de incorporarse «de forma efectiva» al transporte metropolitano, mientras que el resto de municipios hace año y medio que ya lo han hecho.

El debate abierto sobre esta cuestión y que algunos alcaldes como el de Cangas, Xosé Manuel Pazos, quien ejerció de portavoz de los asamblearios de las mareas, pidió resolver por la vía del contencioso en cumplimiento de la ley, no figuraba en el orden del día . El hecho de que el regidor de Salvaterra, Arturo Grandal, resultase ser el miembro de mayor edad y, en consecuencia, le correspondiese la presidencia de la mesa, propició que las discrepancias surgidas al respecto de la adhesión de la ciudad de cabecera al sistema de transporte metropolitano entre la Xunta y el Concello de Vigo, y que se recoge como condición indispensable para dar validez legal a la creación del ente supramunicipal —extremo ratificado en su informe por el Consello Consultivo —, se trasladasen ayer a la Casa de las Artes donde tuvo lugar el pleno.

Toda vez que los asamblearios juraron o prometieron su cargo como concejales metropolitanos —todos excepto un concejal de Gondomar y otro de Moaña cuya designación es contraria a la normativa—, la representación popular se fajó en intentar aplazar la sesión hasta resolver el conflicto planteado con una sucesión de quejas y reproches que no se quedaron sin la inmediata respuesta de la bancada de la izquierda. Un auténtico «circo», «menudo espectáculo», se llegó a oír entre los presentes y durante un receso del que se cuestionó su legalidad, por ser el presidente y no el secretario de la mesa —cargo este último que ocupó el secretario municipal de Vigo— el que lo decretó. «Yo lo veo más un vodevil», señalaba la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre (PSOE).

Un área que «no cumple la ley», que «nace muerta» y ««vacía de contenido» , se le escuchó decir a la alcaldesa popular de Mos, Nidia Arévalo, quien advirtió de la posible estampida de concellos. «Soy consciente de que ningún municipio puede marcharse en el plazo de los próximos dos años, pero también de que se puede estar todo este tiempo solo de forma presencial y sin participar», apuntó la regidora, quien acusó al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, de «incumplir su firma y su palabra».

En similares términos se pronunciaba su homólogo en Redondela, Javier Bas, y la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento olívico, Elena Muñoz, al referirse al acto de ayer como «una entrada en falso» . «Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental, ¿qué estamos haciendo aquí?», planteó Arévalo, quien dijo estar defendiendo los intereses de sus vecinos al no dar por válida que haya «ciudadanos de primera y de segunda».

El descanso de cinco minutos que se convirtió en media hora no lograba calmar los ánimos, sino más bien todo lo contrario, mientras crecían los rumores de u na posible suspensión del pleno por parte de Grandal que Caballero calificó de «golpe de estado a la democracia» . Dicho y hecho. El alcalde de Salvaterra tomó esta decisión a su regreso y, pese a las advertencias del secretario de que no había «razón legal» para hacerlo, tanto él como el resto de concejales metropolitanos del PP abandonaban la sala. Esto no evitó que Caballero fuera elegido presidente con el apoyo de 28 de los 29 ediles restantes —en representación de los 14 municipios— entre acusaciones de «boicot» al PP.