Aquel dramático verano

Arde Galicia estos días. Los que nunca se fueron han vuelto al monte con el bidón de gasolina. Tan sólo esperaban su momento, la coincidencia de circunstancias climatológicas favorables, para prender la cerilla, correr a esconderse y contemplar su macabra obra. No es el primer año de incendios. Tampoco será el último. Forma parte de la esencia de una minoría insensata y perturbada, muchos de ellos con larga experiencia. A buen seguro alguno ya hizo sus pinitos en aquel lejano agosto de 2006. Conviene recordar qué pasó entonces y cómo respondieron cada uno de los actores del momento. Facilita la reflexión posterior. Entonces, en su segundo año de feliz convivencia, al bipartito se le quemaron 92.000 hectáreas en apenas un mes. En mitad de la crisis incendiaria, la opinión pública conoció que aquella Xunta despreció la ayuda del Ejército para la vigilancia del monte por una cuestión meramente ideológica, aunque al final tuvo que reclamar su ayuda. Eso, sumado al ejercicio constante de desinformación sobre las hectáreas calcinadas, que podían oscilar de las 65.000 que comenzó defendiendo Medio Rural a las 70.000 que confirmaba el presidente. La realidad, como sucedió habitualmente con el bipartito, era otra.

Recuerden cómo el gobierno llegó a hablar de tramas incendiarias que denunció a la Fiscalía, a las que atribuía además una intencionalidad política. De aquello, nada de nada (entre otras cosas porque uno de los incendiarios detenidos había sido candidato socialista). Recuerden cómo la CIG aseguraba que el dispositivo contra incendios era «mejorable», después de que se redujera en 750 el número de brigadistas de la época de Fraga. Recuerden, cómo no, los cuatro fallecidos, madre e hija y dos ancianos, que se vieron sorprendidos en una pista forestal. Y sí, recuerden que tras todo eso, nadie dimitió en el bipartito. El agosto negro salió gratis, políticamente hablando.

Diez años después, y con unas elecciones a poco más de un mes, hay quien pretende generar el mismo estado de opinión que en aquel 2006, dibujando un panorama catastrófico, cuando el recuento provisional todavía no ha llegado a las 8.000 hectáreas. Afirma Ana Pontón que los incendios tienen «responsabilidades políticas». Ella, diputada en 2006, bien que calló entonces para no pedir la dimisión del conselleiro nacionalista Alfredo Suárez Canal. El socialista Fernández Leiceaga, que parece guardar sus críticas para un momento más rentable, era igualmente parlamentario, y tampoco se escuchó su voz para pedir ceses. Hoy no están legitimados.

Los incendios corren el riesgo de convertir el debate político en un «y tú más (hectáreas)». Pueril refriega de estériles consecuencias. La Galicia de hoy tiene medios humanos y materiales, ha impulsado cambios legales para la conservación y limpieza de las fincas, ha criminalizado las conductas incendiarias y, al menos, no tiene un presidente soberbio que visita zonas incendiadas en helicóptero para hacerse fotos. Siempre se podrá hacer más, pero si queremos echar la vista atrás, hagámoslo con honestidad.