Legalidad urbanística
La Aplu extenderá su control a obras menores que no precisan licencia
La agencia descargará también a los concellos de la resolución de los recursos de reposición
La Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) extenderá a lo largo de este año sus competencias para ganar capacidad de acción también en obras menores que no requieren licencia municipal pero sí están sujetas a comunicación previa al ayuntamiento. La ampliación de funciones de la agencia, explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, será voluntaria para los ayuntamientos y requerirá que aquellas administraciones locales partidarias de ampliar las tareas cedidas al organismo autonómico modifiquen los convenios de adhesión suscritos en su momento con la Xunta. La revisión, indicó Mato, comenzará por los municipios de menos de 5.000 habitantes , por ser los que disponen de menos recursos para perseguir los incumplimientos urbanísticos.
Hasta ahora, los ayuntamientos aheridos a la agencia —66 en la actualidad— han delegado en este instrumento de colaboración las tareas de supervisión de obras sujetas a licencia. No obstante, expuso ayer la conselleira, son las pequeñas construcciones, como muros de cierre o alpendres, las que entrañan mayor número de infracciones en los ayuntamientos más pequeños , precisamente, incidió Mato, «los que más necesitan del auxilio del organismo autonómico para poder ejercer sus competencias en materia de urbanismo».
La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio comunicó la ampliación de competencias de la Aplu en una jornada de trabajo celebrada en La Coruña que congregó a más de medio centenar de alcaldes y técnicos municipales de la provincia. La modificación, afirmó, obedece a una demanda de los propios concellos, partidarios de que la Aplu pueda asumir la supervisión de la disciplina urbanística en todo tipo de obras y de usos del suelo.
Junto a este refuerzo de competencias, la titular de Medio Ambiente avanzó mejoras enfocadas a la agilización de trámites administrativos relacionados con los recursos de reposición . Hasta este momento, explica la Consellería, las entidades locales adheridas a la Aplu conservan su competencia sobre la resolución de este tipo de recursos. La propuesta actual, en cambio, pasa por que, previo informe de conformidad del ayuntamiento, la agencia pueda hacerse cargo también de esta tarea, con el fin de descargar a los consistorios y facilitar la gestión de este tipo de procedimientos.
A lo largo de 2017, la Aplu ejecutó un total de 205 reposiciones de la legalidad urbanística, una cifra, subrayó al conselleira, que supone un récord desde la puesta en marcha de la agencia en el año 2007. En el último año, añadió Mato, se resolvieron también 441 expedientes y se realizaron 1.256 inspecciones , fundamentales, dijo, para prevenir y disuadir las agresiones al territorio .
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