Ángeles Vázquez reta a la CIG a que denuncie las últimas contrataciones de medios antiincendios

La conselleira de Medio Rural ha salido esta mañana en defensa de su director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto , investigado por la contratación urgente de helicópteros antiincendios en el 2012. Ángeles Vázquez ha defendido la legalidad del procedimiento y ha revelado que ella misma tuvo que optar por esa vía administrativa en la última campaña contra el fuego: «Esos contratos los tuve que hacer yo ahora mismo», ha afirmado.

En referencia velada a la CIG, Vázquez ha reclamado «sensatez» a quienes denunciaron la adjudicación las aeronaves hace cinco años, al tiempo que les ha retado a volver a recurrir a los tribunales: «¿Aquellos que en un momento determinado denunciaron aquel proceso van a volver a denunciar ahora? A partir de ahí, dejemos que la justicia haga su trabajo». Al igual que hiciera el presidente de la Xunta el pasado jueves , la conselleira ha resaltado que, por la información de la que dispone, el proceder de Fernández-Couto fue «correcto».

El mismo día en el que el Parlamento aborda la creación de una comisión de estudio sobre los incendios , la responsable autonómica ha reconocido la «ansiedad» que genera entre los gallegos el ver cómo los incendiarios «siguen sueltos», ante la dificultad encontrar pruebas concluyentes contra ellos. « Aquellos que causan incendios no pueden campar a sus anchas », ha proclamado durante su intervención en los desayunos de Nueva Economía Fórum.

Ante la ola de incendios del pasado mes de octubre, la titular de Medio Rural ha reivindicado la respuesta de la Xunta «antes, durante y después» , y ha precisado que las medidas puestas en marcha a partir de ahora «serán en vano» si no se logra detener a los incendiarios. « No tienen disculpa, no lo relativicemos ».

En los «próximos meses», la administración autonómica dará a conocer el nuevo Plan Forestal de Galicia , una de las «prioridades» del equipo de Núñez Feijóo para ordenar el monte, generar actividad social y económica, y adaptar la legislación a los compromisos internacionales de mejora del medio ambiente.