Certificados de vacunación

Érase una vez el caso del Gobierno que decidió no regular con el rango debido las reglas que debían regir una pandemia que duraba ya año y medio. Tomar medidas impopulares desgasta y prefirió dejar que fuesen las regiones quienes estableciesen el marco sobre lo que se podía y que no se podía hacer en cada momento. Por si no fuese ya demasiado arriesgado el plan, atribuyó a los tribunales la facultad de tener la última palabra cuando alguna norma pudiese vulnerar derechos fundamentales. ¿Podría haber algún sistema menos operativo? Todos sabemos que es el que ha escogido el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el que explica lo que hemos visto esta semana en Galicia. El Tribunal Supremo autoriza que la hostelería de los concellos con mayor incidencia tenga que pedir certificado de vacunación. Todo perfecto si no fuese porque la medida fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en agosto, que era cuando hacía falta porque el virus campaba a sus anchas entre los jóvenes.

En pandemia los meses equivalen a años. Que otro tribunal de mayor rango le dé la razón a la Xunta ahora vale para presumir al gobierno Feijóo de que estaban en lo cierto y que no decidieron ninguna locura, pero al ciudadano de poco le sirve. Una medida ideada por los médicos para protegernos de contagios no nos ha servido de nada porque no fue tomada con valentía por quien tenía de tomarla, que era el Gobierno de Madrid.

La descentralización de la normativa sobre pandemias no se puede justificar de ningún modo. Qué sentido puede tener que en Ribadeo haya que enseñar certificado y en Vegadeo no, o que los municipios se hayan cerrado en Galicia cuando pasaban de 250 en incidencia y en otras comunidades con más de 1.000 andaban de un lado para otro. Con sus defectos, porque todos lo tienen, el modelo escogido por la Xunta (decisiones tomadas por los técnicos aunque sean impopulares) le ha dado una lección al resto de España. ¿No...? Cuando todo acabe y hagamos balance de mortalidad del Covid hablamos.