El administrador judicial cierra de forma temporal Alu Ibérica y envía a toda la plantilla para casa

El administrador judicial encargado de gestionar las plantas de Alu Ibérica en La Coruña y Avilés comienza a tomar decisiones. Ramón Juega, designado por la Audiencia Nacional tras expulsar al grupo Riesgo de la empresa, ha decidido cerrar temporalmente ambas factorías y enviar a los trabajadores a casa de forma retribuida .

Según un breve comunicado remitido por el comité de empresa de Coruña, en la tarde de hoy el administrador comunicó la noticia a los trabajadores. Juega les informó de que toma la decisión «ante la falta de actividad y con la incertidumbre del estado exacto de liquidez disponible» y los problemas que esta situación acarrea para mantener «en estado óptimo las condiciones de salud y seguridad» de los trabajadores. El comité coruñés ha convocado a los medios a una rueda de prensa que se celebrará mañana sábado y en la que realizarán una valoración «de esta crítica situación».

Hace semana y media, Ramón Juega se reunió por primera vez con la plantilla de ambas factorías. En el encuentro les trasladó que está intentando averiguar cuál es la situación financiera de la compañía , después de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, decidiese a finales de julio apartar de la gestión al Grupo Riesgo. La magistrada decidió nombrar al administrador judicial ante la sospecha de que los propietarios podrían estar desmantelando las plantas para su propio beneficio . En 2019, Alcoa vendió por un euro al fondo de inversión suizo Parter las dos factorías después de un largo proceso tutelado por las administraciones. Pero apenas unos meses después, Parter las revendió al Grupo Riesgo por trece millones en una operación opaca que también investiga la Audiencia. El conglomerado de empresas de Victor Domenech no desembolsó ni un céntimo en la transacción, dado que los 13 millones los tomaron prestados de la caja de Alu Ibérica.

En el primer encuentro con los trabajadores de Avilés, el administrador les comunicó que sus primeras sensaciones sobre el estado de la compañía eran preocupantes. « Se debe dinero a proveedores, clientes, plantilla, etc», explicó entonces el comité asturiano en un comunicado. Antes de tomar la decisión de apartar al grupo Riesgo de la gestión de Alu Ibérica, la jueza María Tardón recibió el informe presentando por los interventores que habían estado en ambas plantas. En él advertían ya que la empresa podría estar en peligro de insolvencia.