La Renta de Inclusión Social en 2018
Un 16% de usuarios de la Risga pudo acceder a ingresos y superar la ayuda
La tasa de salidas del dispositivo por la consecución de recursos propios había tocado suelo en 2013 con un 7,75%. La resolución de solicitudes se demoró 117 días de media; 83 si se descuentan los parones por falta de documentación
Algo más de 14.300 personas dependieron en Galicia en algún momento de 2018 de la Risga , la prestación pública —ligada a la participación en itinerarios de integración social e inserción laboral— que opera en la Comunidad para garantizar recursos económicos de subsistencia a personas en situación de necesidad. De ellas, fueron apenas 2.300 las que pudieron descolgarse del dispositivo de ayudas tras conseguir, fundamentalmente a través del empleo, una vía de ingresos propios. El dato, equivalente al 16,11% de los usuarios totales, mantiene las cifras tímidas de reinserción laboral , que, en todo caso, amplían grano a grano (fueron del 14,85% en 2017 y del 14% en 2016 ) un indicador que tocó suelo en los años más negros de la crisis: en 2013 fueron menos de un 8% las personas que consiguieron salir de este dispositivo de último recurso por la consecución de una fuente de ingresos personal.
Independientemente de que algunas de las personas reenganchadas al mercado puedan requerir un regreso puntual al programa ante un nuevo revés en su situación económica, la Administración subraya en su informe de evaluación del dispositivo de inclusión correspondiente a 2018 que los datos de abandonos de la Risga por acceso a un sustento «no son los únicos que se deben valorar como resultados o éxitos de la prestación» en tanto que, expone, «en supuestos de grave desestructuración familiar, el inicio de hábitos sociales, tales como la higiene, la deshabituación en el consumo de alcohol o drogas o la relación con otras personas suponen un gran avance», más difícil de medir pero doblemente valioso como antesala imprescindible para una inserción laboral futura.
La irrupción de la crisis económica puso a prueba un sistema de rentas de inclusión diseñado en 1991 que ya había evidenciado sus carencias. La urgencia por revisar la Risga y aumentar su eficacia en inserción quedó recogida en 2008 en la Ley de Servicios Sociales de Galicia y se acrecentó en los años posteriores a raíz del impacto de la recesión, que condujo hacia la renta de inclusión a muchos trabajadores con carreras laborales truncadas que agotaban su prestación por desempleo. En diciembre de 2013, la mayoría del PPdeG en el Parlamento gallego sacó adelante una nueva ley de inclusión social, con novedades en la composición de la Risga como un tramo de inserción (a modo de complemento económico para cubrir gastos de formación o transporte vinculados a un programa de preparación para el trabajo) y un tramo de transición al empleo , que permite compaginar la ayuda económica básica —rebajada de forma gradual— con los primeros meses de salario tras la consecución de un empleo.
En cualquier caso, los datos del año 2018 son ajenos al despliegue completo de las previsiones de la nueva Risga, toda vez que el decreto que debía desarrollarla demoró su publicación hasta el pasado marzo . Así, en el último ejercicio, la cuantía media percibida por los hogares se situó en poco más de 439 euros mensuales . El 36,65% de los beneficiarios percibían únicamente el ingreso mínimo previsto para cubrir gastos básicos, otro 25,16% tenían este mínimo ampliado por miembros de la unidad familiar a cargo, un 19,56% contaban además del ingreso mínimo y el complemento familiar con el complemento para el pago del alquiler, y otro 15,78% recibían este aporte extra para el pago de la vivienda como única mejora sobre el ingreso mínimo.
117 días de tramitación total
En cuanto a los plazos de tramitación, la evaluación de 2018 refleja como media una demora de 117 días totales desde la presentación de la solicitud en los Servicios Sociales del ayuntamiento de residencia hasta la resolución final por parte de la Consellería de Política Social. La demora se reduce a 72 días si se excluyen del cómputo los periodos en los que los expedientes están paralizados por requerimientos de documentación necesaria para su resolución. El 62% de las solicitudes fueron resueltas favorablemente.
La cobertura de la Risga supuso en 2018 un coste de 55,3 millones de euros a la Xunta , rebajando los 58,7 requeridos un año atrás.
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