La Fiscalía pide al TC que anule una sentencia que rebajó una condena a un agresor sexual
Sostiene que el tribunal no aplicó la perspectiva de género en este caso y que mantuvo la «inequívoca voluntad de beneficiar al acusado»
La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional (TC) ha presentado un informe en el que solicita que se anule una sentencia de la Audiencia de Sevilla, y reconoce el derecho de la demandante a obtener una resolución debidamente fundada en Derecho, en relación con el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
El juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla condenó a un hombre, responsable académico de una facultad, por tres delitos continuados de abusos sexuales cometidos sobre tres mujeres, subordinadas docentes del citado, y un delito de lesiones, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Al resolver el recurso de apelación formulado por las partes, el tribunal atendió la petición del condenado y rebajó la pena por los tres delitos continuados de abusos sexuales de siete años y nueve meses de prisión a dos años y ocho meses de cárcel, al apreciar como circunstancia atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas.
El tribunal usó como fecha de inicio del cómputo del período de dilación la del primer hecho delictivo y no la del momento en que el agresor se encontró formalmente imputado. Además, absolvió al acusado de la pena de un año de prisión por un delito de lesiones psíquicas, al entender que las consecuencias psíquicas padecidas por una de las víctimas no habían llegado a tener categoría autónoma suficiente como para ser sancionadas de manera independiente al delito de abusos sexuales.
Aclarar o cambiar su doctrina
El Tribunal Constitucional admitió el recurso de amparo de la víctima, entendiendo que tiene especial trascendencia constitucional porque «puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental».
La Fiscalía solicita al TC que anule la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla que resolvía el recurso de apelación con el fin de que la Sala dicte otra sentencia. El Ministerio Público considera que los déficits de motivación de la sentencia recurrida se dirigieron inequívocamente a favorecer la posición jurídica del acusado, con el consiguiente perjuicio de la víctima, que fue privada por su condición de mujer de una aplicación no forzada del ordenamiento jurídico.
El Ministerio Público considera que el tribunal mantuvo «una inequívoca voluntad de beneficiar al acusado-varón, (…) y de minimizar el perjuicio psíquico realmente sufrido por la víctima-mujer», al estimar que no estaba acreditado que las lesiones psíquicas sufridas por la víctima tuvieran una naturaleza autónoma a los episodios de abuso sexual sufridos en el entorno laboral. La razón principal del tribunal consistió en entender que las acciones desplegadas por el agresor durante el período de tiempo habían sido similares para las tres víctimas presentes en el proceso y habían atentado por igual contra las tres denunciantes, extrañándose de que, a pesar de ello, las consecuencias hubieran sido diferentes para cada una de ellas.
Dilaciones indebidas
La Fiscalía califica de «irrazonable» la manera de interpretar y aplicar las normas en este caso. La Sala destruyó el concurso del delito continuado de abusos sexuales más el delito de lesiones psíquicas, que perdió la sustantividad que había de tener. Respecto de las dilaciones indebidas, reprocha al tribunal que adelantara el inicio del cómputo a la fecha de la comisión del primer hecho declarado probado, un momento muy anterior a la presentación de la denuncia, de forma que se trata de minimizar la consecuencia penológica que habría de sufrir el acusado por el delito continuado de abusos sexuales.
