La falta de recursos y la tardanza en su aplicación lastran los protocolos anti acoso escolar

Una vez detectado una situación de bulling. El centro educativo tiene la obligación legal de activar el protocolo. Es el director quien da la orden y a partir de ahí comienza la investigación. Entrevistas con los padres de presunto acosador y la víctima, con los posibles testigos e implicación directa de profesores y psicólogos y orientadores, esa es la teoría, pero en la práctica. Es solo un ejemplo que se vive en demasiados colegios e institutos faltan recursos para encontrar soluciones. Porque los protocolos anti acoso además, se abren cuando la situación ya se ha producido. Hay que recopilar previamente el máximo de información posible. Esas entrevistas y cuestionarios, son vitales aunque no están generalizados en las aulas. Facilitar canales de comunicación la intervención inmediata y la tolerancia cero, básicos también para romper la cadena del bulling.