Ximo Puig recurrirá partes del decreto de recortes al trasvase Tajo-Segura y los regantes temen «promesas en campaña electoral»
El Scrats señala que la ministra Ribera justifica su «hachazo» a las transferencias hídricas con obras y luego en los planes de cuenca muchas no se realizan
La nueva normativa publicada en el BOE incluye el compromiso de hacer «compatibles» los caudales ecológicos en el río cedente con los envío de agua y un seguimiento anual
Carlos Mazón, tras publicar el BOE el recorte al trasvase del Tajo: «Ha llegado el momento de dejarlo claro, o PSOE o agua, no hay otra opció
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que contempla una reducción a la mitad de los trasvases del Tajo al Segura con el horizonte de 2027 ha suscitado las primeras reacciones entre los afectados. Los regantes han alertado de «promesas en campaña electoral» en alusión a las obras anunciadas por la ministra Teresa Ribera para compensar con más agua a los agricultores, ya que en los planes de cuenca muchas luego no se realizan. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que recurrirá algunas partes de ese decreto.
Únicamente ha anticipado que llevarán a los tribunales los apartados que limiten «de manera arbitraria y absolutamente discrecional» este trasvase, pero ha recalcado que no será un recurso «a todo» porque hay aspectos con los que están a favor.
Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha lamentado tras conocer el contenido de la norma publicada en el BOE que «se confirma el hachazo a espaldas de sus técnicos» consumado por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
También ha calificado de «acto de radicalismo absoluto» este recorte y ha anticipado el impacto económico para tres provincias -Alicante, Murcia y Almería-, además de advertir de que algunas de las obras que se preveían en planes de cuenca anteriores «han desaparecido de un plumazo», como prueba de que este tipo de medidas no garantizan su ejecución.
En el texto finalmente reflejado en el BOE, el Gobierno ha introducido su compromiso de hacer «compatibles» las planificaciones en las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Segura, es decir, el aumento de caudales ecológicos y las transferencias hídricas entre ambos ríos, tal como le conminó a hacer el Consejo de Estado. Al respecto, establece una reunión de la comisión de seguimiento anual para revisar la situación de las masas de agua y su mejoría desde el punto de vista medioambiental.
«Cuestiones lesivas»
Ximo Puig ha indicado que este mismo viernes la Abogacía de la Generalitat está estudiado «en profundidad» ese decreto para ver si se ha aprobado en los mismos términos en los que se comunicó, y ha reiterado que será recurrido «en las cuestiones lesivas» para los regantes, para la Comunitat Valenciana y específicamente para la provincia de Alicante.
No obstante, ha matizado que no será un recurso «a todo» porque sí que hay cuestiones con las que están de acuerdo, como la Comisión Mixta de control de las masas de agua y las inversiones o las propias inversiones anunciadas, que serán las más importantes que se hayan hecho nunca en la cuenca.
Puig ha mostrado un «gran respeto» por la ministra Teresa Ribera, de quien ha defendido que ha demostrado «valía y contundencia» en relación con, por ejemplo, la energía, por lo que su posición hacia ella es «de lealtad y respeto».
Para el 'president', el «griterío y la bandera del agua, al final, produce barro pero no agua efectiva para los ciudadanos» y ha sostenido que, en este caso, se trata de que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería necesitan «agua para siempre», que se puede lograr a través de la desalinización, con la modernización de regadíos, la mejor utilización de las aguas subterráneas y también con el trasvase, con el fin de «garantizar que la huerta de Europa tenga la vitalidad que tiene». No obstante, a partir de 2027 quedará prohibido también el uso de pozos.
Además, seis colegios profesionales de ingenieros de Alicante, Murcia y Almería alertaron este jueves del «peligro para la calidad del agua» del grifo para la población y de subidas probables de precios y del recibo para las familias, toda vez que el trasvase suministra también a más de dos millones de habitantes en sus hogares, y de forma prioritaria sobre el regadío en el campo.
