La psicóloga que no creyó a la víctima del ex de Oltra se justifica ante el juez
La funcionaria de la Generalitat Valenciana, imputada por la gestión de los abusos a una menor en 2017, defiende que no preguntó directamente a la joven por los hechos en base a criterios profesionales
La declaración de Mónica Oltra ante el juez por el caso de abusos de su exmarido: «No soy psicóloga y no sé cómo hay que evaluar a una menor»
La psicóloga de la Generalitat que se entrevistó con la víctima del exmarido de Mónica Oltra en febrero de 2017, pocos días después de relatar los abusos sexuales que había padecido, ha remitido un escrito al juez -al que tenido acceso ABC- en el que defiende la metodología que utilizó para examinar a la entonces niña tutelada de 14 años, a cuyo testimonio no dio credibilidad.
La funcionaria de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está imputada, junto a la exvicepresidenta valenciana y otros doce trabajadores del departamento que dirigió Oltra hasta su dimisión en junio, en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia por la gestión que se hizo de estos hechos.
El magistrado Vicente Ríos ha cuestionado en distintas ocasiones que en su entrevista, una profesional experimentada -prestando servicio desde los años ochenta- no interrogara a la menor por los abusos que presuntamente había padecido por parte de Luis Ramírez Icardi, educador en el centro Niño Jesús de Valencia y condenado a cinco años de prisión, a la espera de su recurso en el Supremo.
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Sin embargo, la psicóloga defiende que esa era, precisamente, su forma de actuar en estos casos: no preguntar directamente a los menores por determinados hechos, sino hacerles preguntas abiertas sin dar detalles para no condicionarlos. Una metodología que ya había utilizado diez años atrás, entre 2007 y 2008, cuando estuvo adscrita a la unidad de psicología forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Allí examinó a distintos menores que podían haber sido víctimas de algún abuso sexual.
Por tanto, el abogado de la profesional explica que su representada invita a la joven «a hablar de todo aquello que ella vea que es importante que conozcamos» y le pregunta «por sus problemas en la residencia», «de todo tipo», y le dice que relate «lo que ella necesite contar». De hecho, recalca el escrito, la víctima llega a narrar incidentes con dos educadores, sin citar el episodio del abuso sexual, y la psicóloga le pregunta «sobre más incidentes, más problemas que puedan hacerle sentir mal en la residencia».
Las dudas del instructor
El letrado de I.M. adjunta a su escrito un informe pericial realizado por la investigada con este método, como ejemplo de su modo de proceder en otro caso distinto: el de una niña de cuatro años supuestamente abusada por su padre. En esta ocasión, en la que tampoco se dio credibilidad a los hechos por distintos motivos, la psicóloga hizo a la presunta víctima cuestiones muy similares: le pregunta «si hay alguien que le haya hecho algo malo» o «si le ha pasado algo en casa que no le ha gustado». «Me han contado que alguna vez tu papá no se ha portado bien contigo, ¿Es verdad?», interroga a la niña.
Con ello, la representación procesal de la funcionaria pretende acreditar su solvencia y desligar su actuación de cualquier estrategia de ocultar unos hechos que afectaban directamente a la dirigente de Compromís. Durante la declaración ante el juez este lunes de la exportavoz del Gobierno de Ximo Puig, el magistrado hizo alusión a este punto de la investigación.
«¿Cómo entiende usted que funcionarios tan veteranos [...] se basaran en una conversación de una psicóloga con la menor de apenas 45 minutos, y en la que no se trató en absoluto del tema de los presuntos abusos, y sin que nadie preguntara una sola vez a la niña sobre los mismos se decidiera sin más no darle crédito?», preguntó Ríos a Oltra.
«No tengo conocimientos para juzgar esa actuación. Yo soy licenciada en Derecho, pero no tengo conocimientos en psicología e intervención social para emitir un juicio sobre esa actuación funcionarial«, apuntó la exconsellera, tal y como consta en la transcripción de esa comparecencia.
La causa tiene su origen en una denuncia de la víctima -representada por el líder de España 2000, José Luis Roberto- y una querella de la asociación de Cristina Seguí, ante la supuesta desprotección que sufrió la menor y que apuntó el fallo contra su agresor. Vox también ejerce la acusación popular.
