La Guardia Civil sostiene que la trama del caso Azud pagó al PSOE valenciano más de un millón de euros en comisiones

En un informe al que ha tenido acceso ABC, incluido en la pieza separada de la macrocausa cuyo secreto se levantó hace unos días, la Benemérita destaca el «papel nuclear» del extesorero del PSPV Pepe Cataluña en la obtención de estos fondos pese a que dejó su cargo orgánico en 2004. También la ayuda de «una persona estrechamente vinculada» al partido, el abogado José Luis Vera.

De acuerdo con los investigadores, el Programa de Actuación Integrada (PAI) ‘El Espartal’ de la localidad alicantina de Jijona habría sido una de las operaciones más beneficiosas. Creen que el promotor inmobiliario Jaime Febrer, a través del Grupo Axis, habría acordado con Vera –en sendas reuniones en febrero y abril de 2007– una comisión de dos millones de euros, para que ejerciera como intermediario y consiguiera la firma de un convenio entre la sociedad estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona que garantizara los recursos hídricos exigidos por ley para desarrollar ese PAI. De ese dinero, presuntamente, la mitad habría ido a parar a las arcas de la formación que ahora lidera Ximo Puig.

Para ocultar el presunto origen delictivo de esos fondos se habrían abonado diversos servicios –por valor de casi 616.000 euros– a diferentes proveedores de los socialistas por parte de las empresas de Febrer. También se han identificado cinco transferencias a compañías dedicadas a la publicidad que suman otros 484.480 euros, de las que dos ya se ha podido determinar –a través de las diligencias practicadas– que se efectuaron en beneficio del partido. En concreto se abonaron una serie de artículos de 'merchandising' (33.367 euros) y un refuerzo del 'mailing' (102.080 euros) para otro partido político, Unión Valenciana, que en ese momento era el principal rival del PP en el bloque de la derecha. La de Jijona, según se indica en el informe, «no habría sido una actuación aislada» y habría tenido sus replicas en Bétera o Pego.

Tres mercantiles –Gigante Edificaciones y Obras, Sitra y Construcciones Lujan– mediante facturación ficticia también habrían pagado gastos de 'merchandising' desarrollados por la firma Cronosport –camisetas, gorras, chapas, colorines, abanicos, globos o hasta caramelos– que ascenderían a 261.771 euros para la campaña con la que Carmen Alborch quería arrebatar la vara de mando a Rita Barberá. «Se comprueba que ni el PSOE directamente habría abonado estas adquisiciones, así como que tampoco las habría declarado como gastos electorales, pese a que aparentemente deberían haberse declarado como tal» al Tribunal de Cuentas, expone el documento.

Pagos en ‘B’ que supuestamente se habrían repetido en los meses previos a los comicios celebrados en marzo de 2008. Se adquirieron camisetas, gorras, mochilas o ponchos impermeables por valor de 70.817 euros para encumbrar como diputada por Valencia a María Teresa Fernández de la Vega. Un material con lemas como ‘Voluntarios x la Vice’ que abonó la mercantil FACSA, apuntan los investigadores.

Una de las empresas señaladas por la UCO habría realizado aportaciones a un acto en 2006 con la presencia de José Blanco –entonces secretario de Organización socialista– en Vila-Real. Otra, dedicada al sector de la construcción, contrató como chófer durante tres meses –coincidiendo con el perodo electoral de 2007– al actual alcalde socialista de Ribarroja de Turia y entonces cabeza de lista en el municipio.

Según la Guardia Civil, el motivo por el que estas mercantiles asumen costes de trabajos desarrollados en beneficio del PSOE se encuentra, indiciariamente y en base a las pesquisas, «en diversas actuaciones desarrolladas en el seno de Acuamed u otras empresas públicas vinculadas a esta».

En esta pieza separada sobre la supuesta financiación ilegal de la federación socialista –un delito que no existía en ese momento–, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia imputó a nueve personas. Además, de Febrer, Cataluña y Vera, se investiga a José María Marugan, exconsejero de Aguas del Júcar; Juan José Fernández, exdirectivo de Acciona; Juan José Moragues, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar; Javier Luján, presidente de Construcciones Luján; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; y el constructor Francisco Antonio Gigante.

Se enmarcan los hechos en posibles delitos de prevaricación, cohecho y malversación. Tiene su origen en las anotaciones halladas en la vivienda de Pepe Cataluña. De esas notas se extrajo la existencia de presuntas mordidas en la época de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de adjudicaciones millonarias como el tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó licitado en 2006 por la estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona, por un importe de 48,4 millones de euros.

El pasado 18 de octubre, la UCO de la Guardia Civil llevó a cabo más de una decena de registros en distintas empresas de Valencia, Alicante, Castellón y Madrid –entre ellas Acciona y Acuamed– en busca de pruebas. Los días siguientes, la juez estuvo tomando declaración a los nuevos implicados.

La macrocausa de Azud investiga desde hace cinco años el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias, bajo el telón de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

Entre los alrededor de sesenta imputados se encuentran el exvicealcalde de la capital (PP) Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones. La segunda fase de arrestos se produjo en mayo del pasado año, cuando se detuvo -entre otros- a Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el consistorio valenciano durante el mandato de Barberá y, hasta entonces, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.