Caso de los 43 enchufes del PSOE de Benidorm: la juez insta a la Fiscalía a ratificarse y formular escrito de acusación
Los recursos desestimados de varios investigados han retrasado que se sienten en el banquillo y la apertura de juicio se decide ahora en diez días
La juez desestima cinco recursos para no ir a juicio en el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm
El caso de los presuntos 43 enchufes del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm hace una década se acerca a la fase de juicio, cuando la jueza ha instado a la Fiscalía a «formular escrito de acusación» en el plazo de diez días, en caso de seguir adelante, según ha notificado a las partes.
Después de quedar desestimados los recursos de varios investigados para intentar que se archivara la causa para cada uno de ellos, por separado, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha dictado una providencia basada en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dirigida al Ministerio Público para que «manifieste si considera que existen indicios de delito y mantiene el ejercicio de la acción penal».
Están investigados dos concejales y seis técnicos y funcionarios municipales por contrataciones y pluses salariales aprobados en 2010 cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSPV-PSOE, cuando la normativa estatal imponía una severa austeridad en las cuentas locales.
La denuncia partió inicialmente del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y luego la hizo suya la Fiscalía, y se trata de dilucidar si se cometieron los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, con familiares y afines a los socialistas, entre representantes sindicales y otros contratados sin cumplir con los requisitos, según las diligencias practicadas.
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En total, se calcula que esta gestión presuntamente irregular de los recursos humanos causaron un perjuicio de 4,5 millones de euros a las arcas municipales.
Desde el SPPLB han anunciado que solicitaran que testifiquen varios concejales con responsabilidades en aquella época en este trato que benefició a personas próximas al PSPV-PSOE, en su caso, a sus parejas directamente.
En algunos de los recursos presentados por los investigados, se argumentó que los presuntos delitos habían prescrito, si bien desde el juzgado se puntualizó que el plazo empezaba a contar desde 2013. Por eso, el SPPLB ha solicitado recientemente que se dé un impulso al proceso, porque pronto (este mismo año) sí podría darse ese supuesto de la prescripción.
