Los correos del caso de los abusos del exmarido de Oltra a una menor: «Es el novio el que quiere denunciar, diles que dejen de hacer el bobo»

Como informó ABC este miércoles, Mónica Oltra, citada a declarar por el juez el próximo 19 de septiembre, ha presentado un escrito de impugnación en el que se opone a la intervención de los correos electrónicos. La que fue número dos del Gobierno de Ximo Puig considera que la medida «busca adentrarse en la vida personal, profesional y política de los investigados».

En el escrito presentado por la representación de Mónica Oltra explica que la acusación popular que ejerce Gobierna-te «justifica la utilidad de las diligencias solicitadas en los comentarios que realiza sobre los dos correos que se aportaron a la causa por doña Gema Plaza y doña Isabel Domingo».

La primera era subdirectora general de Infancia y Adolescencia y la segunda la directora de la residencia de menores en la que se produjeron los abusos a María Teresa T. M.

Para la defensa de Mónica Oltra, «el contenido de los correos no infiere la existencia de ilícito alguno y de los mismos no se deriva la existencia de indicios objetivo alguno que justifique la intromisión en la intimidad de mi defendida y de ninguno de los investigados».

Uno de los correos incorporados por el magistrado al sumario de la causa revela una conversación entre Ana García Tarín, técnico de la Conselleria de Igualdad, e Isabel Domingo antes de que se comunicara el caso a la Fiscalía de Menores.

En el mismo, la primera explica a su interlocutora que «he hablado con Paco [Francisco Soriano], en total discreción, hemos valorado que mejor ve a la niña la psicóloga de la sección y depende de si derivamos a Espill -el centro especializado en abusos- o ya vemos».

En otro correo, la directora del centro de menores se dirige a Tarín: «El grupo de menores que han coincidido con Maite y su «novio» en Fallas han venido comentando que Andrés [entonces pareja de la víctima] va diciendo que piensa denunciar a dos educadores, a Luis por abusos… por lo que desde distintas perspectivas ha habido mucha agitación y comentario…».

En otra comunicación, Tarín ofrece recomendaciones a la directora del centro de menores: «Es el novio el que quiere denunciar. Decirles que no tenéis nada que ocultar y si no que dejen de hacer el bobo».

Un último correo que forma parte de la causa es el que remitió Gema Plaza a Amparo Nogués, otra de las investigadas de la Conselleria. «Hola Amparo: en relación con la denuncia contra el educador de Niño Jesús te adelanto escaneada la solicitud de expediente informativo para que nos informéis sobre los hechos denunciados por la niña, medidas adoptada por la directora del centro… Importante que no se os olvide contestar a Fiscalía a TODAS las cuestiones que plantea…».

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia imputó la semana pasada a la exvicepresidenta de la Generalitat y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra en la causa que investiga la gestión que este departamento hizo en 2017 sobre los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años por parte de su exmarido.

Estos hechos podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, conforme apuntó el juez en el escrito en el que cita a Oltra para que comparezca el próximo 19 de septiembre.

Junto a la dirigente de Compromís en la causa hay otras trece personas imputadas, entre altos cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y trabajadores del centro Niño Jesús de Valencia en el que residía la víctima y ejercía como monitor Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión tras las celebración de dos juicios por los mismos hechos y a la espera de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Rosa Molero, actual directora general de Infancia y Adolescencia e imputada en el caso, también se opone a la «incorporación indiscriminada a las actuaciones de las comunicaciones de los investigados y de terceros en determinados periodos». En el escrito remitido al Juzgado argumenta que «se trata de una medida manifiesta y hasta groseramente desproporcionada con el objeto de la investigación».

Mientras, Isabel Añó Miranda, psicóloga que en la fecha de los hechos objeto del procedimiento, prestaba sus servicios en el Instituto Espill, sostiene en su comunicación al Juzgado que «no recibió ninguna orden, indicación, sugerencia o similar sobre el trabajo que se le encargó respecto la menor tutelada Sra. Tanco Muela, por lo que no se opone a que sus comunicaciones con el resto de investigados, sean incorporadas a la causa».