La Audiencia de Valencia deja a Zaplana a un paso del banquillo por el caso Erial
Los magistrados rechazan los recursos de siete de los encausados al considerar que existen indicios de criminalidad suficientes para que sean juzgados
La Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos de siete de los veinte procesados en el caso Erial contra el auto con el que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 cerraba siete años de investigación.
Los magistrados confirman que «existen indicios de criminalidad» suficientes para encausar, entre otros, al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, pues la resolución recurrida «contiene detalle suficiente de los hechos que motivan el pronunciamiento de incoación de procedimiento abreviado».
«Tales indicios son más que suficientes para ordenar la continuación del procedimiento contra el imputado, sin que sea lícito pretender de la juez de Instrucción que efectúe una valoración definitiva de pruebas o de los acopios de la instrucción, o que es imposible en este momento procesal», señala la sección quinta.
La Audiencia, por tanto, entiende que los argumentos esgrimidos por las defensas sobre la nulidad o validez de ciertas pruebas han de ser planteados en el acto del juicio oral. De este modo, ratifica el trabajo realizado en Instrucción 8 ante las sospechas del presunto cobro de comisiones millonarias por la adjudicación de plantas de inspección técnica de vehículos (ITV) y parques eólicos de la Comunidad Valenciana.
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La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel y una multa de 40 millones de euros para el exministro del PP por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.
En ese sentido, la instructora defendió en su auto que los concursos para la privatización de las ITV en 1997 -una decisión política en la que no intervino ningún técnico- y la ordenación territorial de los parques eólicos de 2003 resultaron ser «a la carta» para que las empresas interesadas, «previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones». De hecho, junto a las instrucciones se incluía ya cuantía que iban a tener que pagar los adjudicatarios.
Según la juez, Zaplana tejió una extensa red para «obtener ganancias ilícitas» sin ser descubierto. Unas cantidades que habría desviado al extranjero a través de sociedades para blanquearlo y poder devolverlo a España, con la ayuda de su círculo íntimo.
Entre los procesados se encuentra el presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló , el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas -entonces al frente de Bancaja- o miembros de la familia Cotino -propietarios de una de las empresas adjudicatarias-. También figuran su exjefe de gabinete Juan García, su asesor financiero Francisco Grau, su secretaria Mitsouko Enríquez o hasta su peluquero Pedro Romero.
La investigación se inició en 2015 en secreto y no estalló hasta mayo de 2018, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Zaplana en su casa del centro de Valencia. Estuvo ocho meses en prisión provisional, dos de ellos ingresado en el hospital por la leucemia que padece. La operación y también la macrocausa recibieron el nombre de 'Erial' por las adjudicaciones que se hicieron en terrenos abandonados sin cultivar y, más metafóricamente, por el expolio de recursos públicos presuntamente practicado por los investigados.
