JUICIO GESTIÓN BASURAS
Los regalos a Ripoll en Brugal: viajes en yate y la oferta frustrada de dos viviendas
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción pone el foco en los intercambios entre el expresidente de la Diputación y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll
El fiscal pide 16 años de prisión para el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll ; 17 para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll , y otros cuatro para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente , en la pieza relativa al presunto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja, derivada del caso Brugal , en la que en total acusa a 13 personas, entre ellos, políticos y ex cargos públicos y empresarios, y el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós .
En el caso de Ripoll, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción pone el foco en una serie de dádivas. Así, según su relato, el expresidente de la Diputación inició un acercamiento a Enrique Ortiz a partir de 2009 «favorecido entre otras circunstancias, por los regalos en viajes», lo que permitió que Ortiz pudiera buscar alternativas de emplazamiento para la planta de tratamiento de residuos en la Vega Baja con el beneplácito del expresidente provincial «liberándole así del compromiso de cumplir con el acuerdo alcanzado con Fenoll».
En concreto, el ministerio público precisa que Ripoll disfrutó de dos viajes en el barco de Ortiz para pasar las vacaciones en Baleares y de un viaje a la feria de abril de Sevilla .
Por su parte, Fenoll habría agasajado al expresidente provincial con dos viviendas en el centro de Alicante con un valor de «un millón de euros», que "vendrían sufragadas por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca por parte de CESPA-ORTIZ a Ángel Fenoll, razón por la que el presidente provincial se involucró con tanto interés en el cumplimiento del acuerdo entre Fenoll y la UTE representada por Ortiz».
No obstante, se trata de un obsequio que «pese al ofrecimiento y consiguiente aceptación de la dádiva descrita, esta no llegó a entregarse dada la falta de acuerdo definitivo sobre la compra de la finca».
El fiscal subraya que, como consecuencia de todo ello, «ha resultado imposible ejecutar las previsiones del Plan Zonal de la Zona XVII» (comarca de la Vega Baja), y que los 27 municipios que la conforman «siguen sin tener, a día de hoy, un sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de sus residuos».
Cárcel y multas
Según los casos, los acusados se sentarán en el banquillo en el juicio por delitos de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y negociación prohibida . Además, para el expresidente provincial y el empresario Fenoll reclama una multa de un millón de euros a cada uno y 300.000 euros para Ortiz. Otro de los acusados es el hijo de Fenoll, Antonio Angel Fenoll, a quien el fiscal pide 8 años y 9 meses de prisión y 16 años de inhabilitación por cohecho, información privilegiada, prevaricación, tráfico de influencias y fraude.
Fiscalía explica que en la tramitación de la adjudicación del plan zonal de Residuos de la Vega Baja, en 2007, el empresario Ángel Fenoll tuvo conocimiento «incluso antes de ser público» del resultado en su contra de un informe que debía valorarse en la Comisión técnica del Consorcio de Residuos para la adjudicación.
Asegura que medió para que se valorase su oferta con una «estrategia ideada por el propio presidente del consorcio», José Joaquín Ripoll. No obstante, la comisión valoró la oferta de Enrique Ortiz y motivó la paralización de la adjudicación hasta que, a finales de 2007, por mediación de un tercero, Ortiz y Fenoll pactaron «un acuerdo de reparto de los beneficios que el Plan Zonal generaría, acuerdo auspiciado y dirigido por el presidente provincial».
El pacto alcanzado obligaba a Ortiz a la compra de los terrenos de 'Las pistolas', propiedad de Fenoll en Torremendo (Orihuela), para ubicar las instalaciones de la planta de tratamiento. Esa compra, según el fiscal, era el paso «previo» y «requisito necesario» para que el Consorcio le concediera finalmente el contrato a Ortiz, quien a su vez compensaría el sobrecoste cobrando un 10% más de canon previsto a los municipios .
