El PP pide cambiar la legislación para que los jueces puedan apartar a los políticos investigados

El PP quiere que la decisión sobre cuándo apartar a un cargo bajo sospecha de su puesto deje de ser una cuestión discrecional (en la que cada partido marca su «línea roja» donde considera, en función del caso y del nombre del afectado) para quedar regulada, tanto desde el punto de vista judicial como político. Así, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha propuesto en la Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que se inste al poder legislativo a realizar las modificaciones oportunas para que sean los jueces quienes aparten «cautelarmente» a los políticos de sus cargos en caso de ser investigados (imputados) por casos de corrupción.

En un comunicado, la Diputación ha explicado que la propuesta de Sánchez ha sido un punto añadido a una moción contra la corrupción debatida en la FVMP . Según el propio presidente provincial, se trata de solicitar a las instituciones y órganos competentes que impulsen los cambios legislativos necesarios para que los jueces que investigan casos de corrupción puedan apartar cautelar o temporalmente a las personas investigadas, «si se aprecian suficientes indicios de delito o de alarma social» . Es decir, que la decisión pase a ser adoptada por el juez instructor, y no por el partido de procedencia del investigado.

A juicio de César Sánchez, esta medida brindará a los jueces «la posibilidad de actuar con contundencia ante casos que generen desasosiego y preocupación en la sociedad y en las personas que nos dedicamos al ejercicio público». El popular ha destacado que «la corrupción es una lacra que todos debemos combatir».

En esta misma línea, y para limitar al máximo la discrecionalidad de los partidos sobre las medidas disciplinarias a adoptar ante estas investigaciones, el PP ha propuesto también en la FVMP la creación de una mesa de trabajo que fije una postura común. Es decir, que el órgano supramunicipal fije unos criterios de actuación que sirvan de guía para todos los ayuntamientos de la Comunidad. La propuesta del PP, consensuada con el resto de grupos, cristalizará en una Mesa de Trabajo con todos los grupos políticos para establecer un criterio de referencia en relación a los casos de investigación administrativa que afecten a alcaldes y concejales.