CASO BRUGAL
Los ocho años de instrucción que han llevado al expresidente del PP de Alicante al banquillo
La juez ve acreditada una «trama organizada» para beneficiar a diversos empresarios a cambio de dádivas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja
El caso Brugal se ha fijado en la memoria colectiva asociado a la imagen de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, investigada por intentar favorecer presuntamente al constructor Enrique Ortiz (el perejil de todas las salsas de corrupción en la Comunidad Valenciana en la última década) en la actualización del Plan General de Ordenación Urbana de la capital alicantina, hoy abandonado. Sin embargo, el de Castedo es un hilo secundario en la madeja que la Policía y el juez comenzaron a desenredar en 2007 , después de que unas grabaciones caseras llegasen a manos del fiscal Anticorrupción de Alicante unos meses antes, para probar supuestos sobornos en la adjudicación de la contrata de recogida de residuos de Orihuela.
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La rama principal, de hecho, es la que acaba de dar por concluida su instrucción tras ocho años de detenciones, pinchazos telefónicos, diligencias e interrogatorios . Se investiga una trama para amañar la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja (un proyecto provincial para agrupar por comarcas la gestión y tratamiento de las basuras) y beneficiar así a los adjudicatarios a cambio de dádivas. Brugal, de hecho, es el acrónimo de «Basuras Rurales Gestión Alicante».
La causa ha tenido cinco instructores en ocho años, ha sido tan compleja como la de Terra Mítica o Gürtel
La juez de Orihuela (la quinta instructora distinta que ha tenido en este tiempo el caso Brugal) quiere sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll , al exportavoz socialista en la institución provincial Antonio Amorós (hasta este miércoles, miembro del comité federal del PSOE), a la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente , y otras diez personas más entre las que se encuentran los empresarios Ángel Fenoll (especializado en la gestión de residuos en Alicante y Murcia) y, de nuevo, el omnipresente Enrique Ortiz .
La del Brugal ha sido una instrucción tan compleja y dilatada en el tiempo como las del caso Gürtel o los sobrecostes en Terra Mítica (algunas piezas de la investigación al entramado de Correa y la de los sobrecostes en el parque temático de Benidorm ya han llegado a juicio). Ocho años después de comenzar, por fin se celebrará el juicio oral, si el recurso de las defensas de los acusados no prospera.
La detención de Ripoll
El caso Brugal se centró inicialmente en Orihuela, después de que el propio Ángel Fenoll llevase al fiscal Anticorrupción una cinta en la que se había grabado conversando con el concejal independiente Jesús Ferrández en una cafetería. Una conversación en la que se daba a entender que el concurso para la recogida de residuos en la ciudad oriolana estaba amañada y se habían cobrado sobornos por parte de los adjudicatarios.
Justo después de las elecciones locales de 2007, en las que el PP volvió a arrasar en la provincia y en la ciudad, el fiscal ordenó la detención de Fenoll, su hermano y dos de sus empleados , uno de ellos concejal del PP en la localidad de Albatera (cercana a Orihuela). Llegaron a estar en prisión preventiva unos meses, hasta que se ordenó su puesta en libertad.
El caso desapareció de la agenda pública durante unos años, con sucesivas prórrogas del secreto de sumario. Lo que nadie sospechaba era que el juez había autorizado a la Policía a pinchar varios teléfonos móviles y a realizar seguimientos a distintos políticos a medida que de las conversaciones intervenidas se iban recabando más y más indicios de presuntos delitos de corrupción. El ámbito de actuación había trascendido la ciudad de Orihuela , al sur, para extenderse a toda la provincia.
El Brugal estalló en el verano de 2010: a primera hora del 6 de julio, la Policía entraba en casa de Ripoll para llevarlo detenido a la Diputación, rodeada por furgones policiales durante horas mientras la registraban. La noche antes, el entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba , había avisado al exministro popular Federico Trillo de lo que iba a pasar al día siguiente, aunque sin desvelarle los detalles de la operación. Trillo hizo llegar el aviso de la operación policial al PP de Alicante que presidía Joaquín Ripoll, quien esperaba a la Policía en su casa en perfecto estado de revista a las ocho de la mañana.
El auto de procesamiento
En paralelo, la Policía detuvo también a Ángel Fenoll y su hijo, así como a Enrique Ortiz. Mónica Lorente no salió detenida del Ayuntamiento de Orihuela, pero la Policía estuvo varias horas registrando el Consistorio. Varios de los concejales quedaron imputados, como el presidente del PP provincial . Meses más tarde se imputaría a Antonio Amorós, a quien el fiscal atribuye un papel central para ayudar a que el amaño del contrato de recogida de residuos fuese aceptado por los alcaldes socialistas de la zona.
Uno a uno, los detenidos e imputados fueron desfilando por el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela , que centralizó la instrucción de la rama principal. Otras piezas desgajadas, como la que afecta a Sonia Castedo, se derivaron a la Audiencia Provincial de Alicante. Todos se negaron a declarar ante el juez, y en los últimos años, tras levantarse el secreto de sumario, han instado una y otra vez a anular las escuchas (la principal prueba de cargo, dado que la adjudicación finalmente se anuló).
Rubalcaba avisó a Trillo la noche antes de la macrooperación policial contra el PP de Alicante
Este miércoles, la juez de instrucción ha establecido en su auto que «de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada» en torno a los empresarios Ángel Fenoll (que ya ha sido condenado a 35 años de cárcel en otra causa por delito fiscal), su hijo, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory, quienes contaron con «la ayuda, la colaboración directa, información, de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante», para «obtener favores de la Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada, mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones».
Los delitos de los que se acusa a Ripoll y el resto de procesados son prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionarios. Si no se aceptan los recursos de las defensas, solo queda señalar la fecha para que comience el juicio contra los catorce procesados.
