TRIBUNALES
Juzgarán a una exconcejal socialista de Benidorm por acoso laboral a una funcionaria
La Fiscalía pide un año y medio de prisión y una indemnización por los 404 días que duró el supuesto trajo vejatorio en el trabajo
La exconcejal socialista Isabel Martínez se sentará en el banquillo durante un juicio oral por un presunto delito de acoso laboral a una funcionaria que desempeña tareas de coordinadora de Servicios Sociales , según la citación judicial a la que ha tenido acceso Efe.
El juicio está fijado para los próximos 10 y 11 de mayo , y la Fiscalía pide para la demandada un año y medio de prisión y una indemnización por los 404 días en los que supuestamente la trabajadora fue sometida a acoso laboral.
El proceso arrancó en abril de 2011, cuando la funcionaria presentó una querella contra la edil, en aquellos momentos titular municipal de Bienestar Social, por un presunto delito de acoso laboral, según la denunciante.
La empleada relató que había sido desalojada de su despacho y destinada a otras dependencias municipales por orden del entonces concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez .
Mesita y sillas para niños
En su nuevo lugar de trabajo decía no tener «los elementos y herramientas necesarias para el correcto y completo desempeño de sus funciones» y agregaba que se le había habilitado para ella «una mesita y cuatro sillas infantiles» para pasar la jornada laboral y sin ningún medio electrónico «ni funciones que desempeñar».
Según el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) , al que estaba afiliada, desde la Concejalía se acusó a la trabajadora de destruir documentos, motivo por el cual sufrió «un ataque de ansiedad» y un período de baja.
La a la sazón portavoz del equipo de gobierno, Natalia Guijarro , había acusado en aquel momento a la funcionaria de «amenazas» a otros funcionarios y de negarse a firmar las memorias de la proyectos del Plan E en su departamento. «Preferimos cambiarla de destino antes de abrirle un expediente», declaró la dirigente socialista.
Desde el SPPLB, han manifestado tras conocer la apertura de juicio oral que «confían en la Justicia» para la resolución de este caso y se han preguntado por quién firmó aquellos expedientes de ayudas económicas para obras del Plan E y si estaban debidamente cualificados para hacerlo.
