INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El exalcalde de Benidorm del PSOE vuelve a colocar a su primo, ahora en la Diputación de Alicante
Navarro se justifica ante el juez en que tiene 39 primos segundos al declarar por los otros 43 posibles «enchufes» en el ayuntamiento
El exalcalde socialista de Benidorm Agustín Navarro ha vuelto a colocar a su primo segundo Miguel Soldevila , ahora como asesor suyo en la Diputación de Alicante donde lo acomodó a él su partido tras perder el poder local en las últimas elecciones.
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Soldevila entró en la plantilla del ayuntamiento benidormí en 2009 y la pasada legislatura era el jefe de gabinete de la Alcaldía. Como Navarro actualmente es diputado provincial y recientemente ha conseguido nuevo cargo y sueldo como vicepresidente de la Comisión Especial de Cuentas, ha contado con él otra vez, ahora como asesor, con una retribución de 39.000 euros al año . Ese ascenso del exalcalde provocó la ruptura del pacto entre el PP y Ciudadanos en la Diputación, ya que la formación de Albert Rivera rechaza su promoción por estar investigado (imputado).
La hermana, también
La costumbre de contratar a familiares y afines al PSOE ya ha traído quebraderos de cabeza a Navarro, que ha declarado este viernes más de dos horas ante un juez por 43 casos de posible «enchufismo» entre los años 2010 y 2011.
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Uno de estos «fichajes», el contrato de relevo de Ana Irene Soldevila para sustituir a un funcionario prejubilado, fue anulado en julio del año pasado al tratarse de una empleada del personal laboral que no había opositado para tener plaza funcionarial. Y el entonces alcalde lo firmó tres días antes de dejar el cargo. Es precisamente la hermana de Miguel Soldevila, ahora recolocado en la Diputación. Ante el juez, Navarro se escudó ayer en que tiene 39 primos segundos, dando a entender que por probabilidades era fácil contratar a un familiar suyo.
«Me he quitado un peso de encima, después de estar tres años con el sello de imputado en la frente, al poder explicarme», ha comentado a la salida del juzgado, tras ratificar su inocencia. Sin revelar el contenido que ha testificado, el diputado ha asegurado estar «tranquilo». En otras ocasiones, ha mantenido que todo se reducía a una «prevaricación administrativa» o contable y a la «persecución política» del sindicato policial SPPLB, que presentó la denuncia inicial. No obstante, el fiscal le acusa de posibles delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias .
