Ramón Sánchez Martos - DESDE EL SUR
Derecho al insulto
El equilibrio para mantener en el poder a un tripartito es bastante complicado
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de apertura de juicio oral para Marisol Moreno por un delito de injurias graves a la Corona . La edil de Guanyar Alacant se enfrenta a diez meses de cárcel e inhabilitación especial por toda la retahíla de insultos que vertió contra el Rey Juan Carlos en las redes sociales a lo largo de varios años y que ustedes ya conocen. De la Mata hace una apreciación en su auto muy interesante que debería sentar precedente en estos momentos de convulsión política y de falta de respeto a casi todo .
El juez afirma que la Constitución no reconoce el derecho al insulto , es decir, que si te pasas de frenada, el derecho al honor y a la dignidad de las personas prevalece siempre frente a las ofensas, las injurias y el intento de escarnio público. La concejala alicantina no piensa dimitir y el alcalde socialista Gabriel Echávarri tiene las manos atadas , especialmente porque el equilibrio para mantener en el poder a un tripartito es bastante complicado .
El regidor sabe que tiene un serio problema. Los medios de comunicación y los partidos en la oposición le van a reclamar día sí y día también que la cese de sus funciones como edil en el Ayuntamiento de Alicante. Bien es cierto que si el aire fresco y las nuevas maneras de gobernar se han instalado definitivamente en las instituciones públicas, como así se viene pregonando desde el pasado mes de junio, lo primero que deberían hacer es intentar que el derecho al insulto no sea una de las premisas básicas de los nuevos gobernantes .
Ya sabemos que, por ejemplo, el derecho al escaqueo se ha instaurado a marchas forzadas en numerosos consistorios de la Comunidad Valenciana, pero eso algo que era de esperar. Echarle la culpa de todo al pasado es un claro síntoma de debilidad y de demostración del que no sabe cómo gestionar las arcas públicas. Pero el respeto a los demás, el respeto a las leyes y a la Constitución Española, es algo que no debería recordarse a nadie, especialmente a un cargo público.