Política
Ximo Puig y los consellers eluden el control parlamentario durante más de medio año
Mónica Oltra no se someterá a la fiscalización de su gestión en Las Cortes Valencianas durante once meses y Rafael Climent durante diez
El pasado 28 de febrero se celebraba el último pleno de la novena legislatura en las Cortes Valencianas entre consistentes rumores de adelanto de las elecciones autonómicas. Apenas cuatro días después, Ximo Puig confirmaba esta decisión, que conllevaba la disolución del Parlamento. Esa jornada se celebró, a su vez, la última sesión de control al presidente de la Generalitat, que no volverá a someterse a una hasta el próximo 26 de septiembre según el calendario aprobado este martes. Lo mismo ocurrirá con los consellers que repiten, cuyas primeras comparecencias están previstas para los días 11, 12, 18 y 19 del mismo mes.
Cierto es que entre medias han tenido lugar varias citas electorales (en abril y en mayo) que han condicionado pactos, formaciones de Gobierno y, por ende, el reinicio de la actividad parlamentaria. Pero a ello se suman ahora las vacaciones estivales , con un funcionamiento de la Cámara bajo mínimos que no incluye el paso de los miembros del Gobierno por ella. Existe, eso sí, una excepción: la Diputación permanente de Las Cortes se reunirá el 23 de julio para que el responsable de Hacienda, Vicent Soler , explique, a petición del PP, las comisiones bilaterales abiertas por las discrepancias del Gobierno a la ley de Presupuestos de la Generalitat y la de Acompañamiento.
La agenda parlamentaria de los consellers que revalidan su cargo, de este modo, estará prácticamente vacía más de medio año. Por tanto, tampoco será fiscalizada su gestión durante todo este tiempo. En algunos casos, las interpelaciones en pleno -las más relevantes en la labor de control- no se producirán durante casi un año, como ocurre con Mónica Oltra . La última vez que la vicepresidenta de la Generalitat se sometió a una fue el 17 de octubre de 2018 por una pregunta de la diputada del PP María José Catalá sobre los pagos a los centros de ocupación. Posteriormente, el 29 de noviembre, compareció con el proyecto de ley de Servicios Sociales.
Un ejemplo parecido es el del titular de Economía, Rafael Climent , que fue interpelado el 21 de noviembre de 2018 sobre la cobertura de la demanda eléctrica a través de energías renovables y sobre el desarrollo de nuevos parques comerciales y de ocio, como Puerto Mediterráneo, para atraer inversiones y promover la creación de puestos de trabajo.
Otros casos son más recientes. El responsable de Educación, Vicent Marzà , compareció por última vez en pleno el pasado 27 de febrero con una interpelación de Ciudadanos sobre las acciones que iba a llevar a término la Conselleria para proteger el patrimonio valenciano.
En cuanto a los socialistas, la titular de Justicia, Gabriela Bravo , fue interpelada el 13 de febrero de este año sobre política general en materia de formación en seguridad y emergencias; el de Hacienda, Vicent Soler, el mismo día sobre la concesión de ayudas y subvenciones públicas a mercantiles, entre ellas las empresas vinculadas al hermano de Ximo Puig; y la de Sanidad, Ana Barceló , el 27 de febrero sobre política general del Consell en materia de resonancias magnéticas.
Los grupos de la oposición han lamentado este martes que los consellers -también los nuevos- no vayan a acudir a las Cortes hasta septiembre al ser tumbadas las propuestas por PSPV, Compromís y Podemos-EU. «Han rechazado todas nuestras peticiones de comparecencias, como la de Mirea Mollà para dar cuenta de las causas de la presencia de bacterias fecales en las playas en plena temporada estival o la de Mónica Oltra ante las sentencias sobre centros de mayores y de menores», ha señalado la portavoz popular, Isabel Bonig.
Por su parte, la parlamentaria de Ciudadanos, Ruth Merino, ha criticado que tampoco quieran abordar tanto la estructura «desmesurada» del Consell o la situación de À Punt, y ha acusado al Botànic II de pasar «el rodillo» para «no trabajar hasta septiembre».
Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha manifestado que su grupo ha apoyado las peticiones de comparecencias y ha censurado las «pocas ganas de trabajar» del Gobierno.