Imagen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tomada este miércoles en Valencia ABC
Alberto Caparrós

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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , mantiene su apuesta por prorrogar el toque de queda más allá del 9 de mayo , cuando decae el estado de alarma por el coronavirus decretado por el Gobierno. Para ello, el Ejecutivo autonómico esgrimirá la ley de Salud Pública de 1986 y espera contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

[Ximo Puig pide el aval de la Justicia para un toque de queda de doce de la noche a seis del mañana]

A finales de octubre del año pasado la la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo avaló el toque de queda declarado por la Generalitat sin el paraguas del estado de alarma . Con todo, la incidencia acumulada del coronavirus en la Comunidad Valenciana es hoy, con poco más de cuarenta contagiados por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces inferior a la de aquel momento.

[El cierre perimetral y el actual toque de queda en Valencia decaen la noche del sábado 8 al domingo 9 de mayo]

La Generalitat Valenciana estudia ahora ajustar sus medidas en función a la situación epidemiológica de riesgo de bajo de propagación del Covid-19 y baraja prorrogar el toque de queda pero con un horario menos restrictivo que el actual, situado entre las diez de la noche y las seis de la mañana.

Al respecto, el sector de la hostelería ha reclamado al Gobierno valenciano que amplíe los aforos permitidos en el interior de los locales hasta los dos tercios y permita a los bares y restaurantes abrir hasta las doce de la noche . La Generalitat podría atender a esta petición y retrasar el comienzo del toque de queda, que iría desde la medianoche hasta las seis de la mañana. Los bares y restaurantes tendrían que cerrar antes, en el entorno de las once de la noche, de acuerdo con el borrador de nuevas restricciones ante el coronavirus que maneja la Generalitat para aplicarlas ya desde este domingo.

La medida podría defenderse ante el TSJ como poco invasiva para la actividad económica y justificarse por la necesidad de evitar los contactos sociales propiciados por los botellones o las fiestas en los domicilios particulares. La Generalitat maneja estudios realizados a nivel de la Unión Europea que revelan que las restricciones a la movilidad nocturna logran reducir los contagios de coronavirus cerca de un quince por ciento.

Sin embargo, a la espera de conocer cuál es su pronunciamiento en la Comunidad Valenciana, la Fiscalía ya se ha pronunciado en Baleares y el País Vasco en contra las de medidas que supongan la limitación de derechos fundamentales. Con todo, el TSJ balear ha respaldado la aplicación del toque de queda en el archipiélago.

Imagen de un control del toque de queda nocturno en Valencia MIKEL PONCE

En el caso de que la Justicia no respalde las restricciones acordadas por la Generalitat, el Gobierno de Ximo Puig , que se inclina por no recurrir ante el Tribunal Supremo, se vería obligado a limitar las medidas a los horarios de la hostelería, sobre lo que cuenta con plenas competencias, para tratar de evitar la movilidad nocturna.

El Gobierno valenciano está apurando los plazos para presentar las nuevas medidas ante el coronavirus , que entrarán en vigor el domingo 9 de enero. Al respecto, se prevé que la Mesa Interdepartamental para la gestión y la prevención del Covid-19 se reúna el sábado para cerrar el paquete de medidas, que posteriormente serán anunciadas por el presidente de la Generalitat.

Lo que ya ha avanzado al cien por cien de certeza el Ejecutivo de Ximo Puig es el levantamiento del cierre perimetral de la Comunidad Valenciana desde el 9 de mayo después de más de medio año en vigor.

Sobre el resto de restricciones, el presidente autonómico insistió este jueves en las Cortes Valencianas en su idea de prorrogar algunas de las medidad para lo que, según proclamó, la Generalitat dispone de «suficientes instrumentos legales y arquitectura institucional» cuando termine el estado de alarma por el Covid-19 .

En ese sentido, la Generalitat también planea ampliar a diez el número máximo de personas que puedan reunirse tanto en el ámbito público como en el privado con un tope de dos unidades familiares.

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