Ximo Puig se enfrenta a un aluvión de demandas de médicos por la falta de protección ante el coronavirus

Toni Jiménez

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24/01/2022
Actualizado 26/01/2022 a las 20:40h.

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Alrededor de setenta profesionales sanitarios se han unido ya a la nueva demanda colectiva del Sindicato Médico CESM-CV contra la Generalitat Valenciana tras el primer fallo judicial en España que fijó una cuantía económica como indemnización para 154 trabajadores que no tuvieron protección contra el coronavirus durante la primera ola de la pandemia por «daños y perjuicios personales y morales». El Gobierno de Ximo Puig ya anunció que recurrirá la condena del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.

[«Si todos llevásemos mascarillas FFP2 bien ajustadas la probabilidad de contagio de coronavirus sería cercana a cero»]

La organización sindical busca repetir triunfo en los tribunales y ha lanzado un apartado en su web para que sus afiliados se sumen al proceso. Aunque tienen de plazo hasta el 31 de marzo , según han informado fuentes de CESM-CV a ABC , durante el primer fin de semana de funcionamiento se han recibido una treintena de peticiones de la provincia de Alicante y otras cuarenta de la de Valencia. En paralelo, se encuentran a la espera de que se resuelvan otras demandas similiares en Valencia, Castellón, Benidorm y Elche.

La sentencia del 7 de enero obliga a la Conselleria de Sanidad a «abonar a cada uno de los trabajadores enumerados» diferentes cuantías según el grado de afectación: 5.000 euros para los profesionales que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 para quienes fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de coronavirus; 35.000 para los que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los sanitarios contagiados que sí que estuvieron hospitalizados. En total, casi 1,9 millones de euros .

Además, señala que la Generalitat infringió su obligación de proteger a los profesionales «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» en lo que ha significado «un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio».

El texto recuerda que, durante la primera ola y pese a que la Administración actuó en «condiciones adversas», los sanitarios solo disponían de una mascarilla y el resto se guardaban bajo llave , «prueba de que no se había hecho acopio suficiente». En ese sentido, apunta que es «altamente probable» que la elevada incidencia entre los profesionales de hospitales y centros de salud fuera consecuencia de esa escasez de material.