Ximo Puig ya ha cobrado 18.780 euros en beneficios del periódico al que respalda con publicidad y una quita

A. C. / R. B. C.

23/07/2019
Actualizado a las 16:43h.

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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , cobró el pasado año 6.510 euros en concepto de dividendos por el 1,17 por ciento de sus acciones en la mercantil Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), editora del periódico «Mediterráneo de Castellón» , de acuerdo con la información actualizada este lunes por el Portal de Transparencia del Gobierno valenciano.

De esa forma, el dirigente socialista ha percibido 18.780 euros en dividendos desde que es presidente de la Generalitat por su participación en un medio que, en ese periodo, ha percibido más de 600.000 euros en publicidad institucional del Ejecutivo autonómica, de los cuales el grueso -547.000 euros- fueron consignados por el propio departamento de Presidencia de Ximo Puig. En su declaración de rentas del año 2018, Puig declara también unos ingresos 75.719 euros como rendimientos del trabajo por su salario como presidente.

En la última actualización de bienes , el presidente valenciano mantiene el valor contable de sus acciones en Pecsa en 177.886,8 euros pese a que el Grupo Zeta, antiguo propietario mayoritario de Mediterráneo con el 85 por ciento del capital, ha sido adquirido por Prensa Ibérica -en el que se encuentran otros diarios como Levante-EMV o Información -, conformando de este modo el grupo mediático más importante de la Comunidad Valenciana .

Los últimos 6.510 euros que cobró Puig por los beneficios del periódico del que es accionista se repartieron después de que la Generalitat perdonara el 70% de la deuda a la empresa.

De hecho, la compra de Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. Acción que el banco público pudo realizar gracias a un decreto aprobado el pasado marzo por el Gobierno autonómico -conformado por PSPV y Compromís- que permitía hacer quitas sobre acreedores. El texto, que salió adelante en pleno por unanimidad - incluyendo el apoyo expreso del propio Puig - posibilitaba, igualmente, aplicarlo de forma retroactiva a las operaciones que ya se encontraran en trámite.

Las cuentas anuales de la imprenta propiedad de Pecsa reflejan que la deuda correspondía también al periódico en el que el jefe del Consell tiene el 1,17 por ciento de las acciones.

La operación se fraguó a los pocos días de la aprobación del decreto y ha sido la única de estas características que ha salido adelante, según ha asegurado el director del banco público valenciano, Manuel Illueca. La oposición, con la presidenta regional del Partido Popular a la cabeza, Isabel Bonig , ha solicitado sin éxito la comparecencia de Puig en el Parlamento autonómico.

El Gobierno valenciano s e remitirá a las explicaciones que dará Illueca -todavía sin fecha prevista- e insiste en que no existe incompatibilidad entre el hecho de que Puig cobre diviendos de una empresa percibe publicidad institucional porque la ley permite a los altos cargos ser dueños de hasta el 10% de las acciones de una sociedad anónima que recibe fondos públicos.

Al respecto, la Abogacía de la Generalitat niega que hubiera conflicto de intereses en que el presidente aprobara el decreto que propició la quita de la deuda a Prensa Ibérica.

Mientras, la Conselleria de Transparencia , a la que el PP había solicitado los expedientes de los contratos de la compañía de la que es socio Puig con el Instituto Valenciano de Finanzas, ha optado por inhibirse y evitará dar instrucciones a la Oficina de Conflictos de Intereses -formada por funcionarios- sobre el caso que afecta al presidente.

Por su parte, la presidenta del PPCV y portavoz de esta formación en Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha calificado de "sospechoso" que el Consell proponga una modificación de la Ley de Incompatibilidades, "en pleno debate" por la polémica surgida a raíz de la quita de la deuda al Grupo Zeta.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este martes una resolución por la que se somete a información pública el proyecto de modificación de la Ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, de la Generalitat.

"Qué casualidad" que esa modificación se plantee "en pleno debate sobre si debía o no abstenerse el president de la Generalitat en ese Consell que aprobó el decreto" que permitió la quita de duda al Grupo Zeta, del que Puig es accionista a través del diario Mediterráneo, ha planteado Bonig.

A su juicio, este cambio normativo en este momento es "sospechoso" y por ello, ha afirmado que desde el PP no acusan a nadie pero sí quieren " responsabilidades políticas y explicaciones" .

Fuentes populares han señalado que la resolución publicada este martes plantea tres modificaciones, entre ellas, "la regulación de la infracción que podría haber cometido el president de la Generalitat al mentir en su declaración de bienes".

"Ahora para que sea considerada infracción muy grave ya no basta con presentar una declaración falsa , ahora añaden que sea deliberadamente falsa ", ha indicado.

Asimismo, han destacado que la propuesta de modificación añade "más requisitos para que la Oficina de Control de Conflicto de Intereses pueda iniciar su labor inspectora, haciendo más fácil justificar que no actúe en determinados casos".

Por último, han añadido las mismas fuentes, se modifica el ámbito de aplicación de la ley, que hasta ahora se aplicaba a todos los altos cargos que fueran nombrados por el Consell y ahora se añade que, "además de ser nombrados por el Consel l, deberán tener funciones directivas o ejecutivas".

Por otra parte, la dirigente popular ha criticado que la Conselleria de Transparencia no haya publicado todavía en el Portal de Transparencia los " cuatro documentos que pidió el PP " relacionados con la operación de quita de deuda al Grupo Zeta.

En concreto, han pedido el acuerdo de financiación sindicado de 2005 por el que se daba ese crédito al Grupo Zeta, todas las modificaciones posteriores, el acuerdo marco de financiación de julio de 2017, y todos los informes del expediente de quita de 1,3 millones al citado grupo editorial.

"Han pasado 24 horas y la Conselleria sigue sin publicar estos documentos que son públicos y que ha solicitado el PP. Si no hay nada que esconder, ¿por qué esperar a septiembre?", ha preguntado Bonig.

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