Antes y después

¿Y si la famosa y delgada línea roja en la política no fuese potestad de los partidos políticos a la hora de determinar un cese por un proceso judicial? ¿Y si todos se pusieran de acuerdo y las reglas del juego fueran las mismas para todos? O la definitiva ¿Y si por ley se regulase este tipo de situaciones y los partidos y sus políticos simplemente la acatasen?

Las comparaciones son odiosas, pero definen y retratan a las personas. Hemos pasado décadas escuchando, no sin razón, a la entonces oposición en la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia pedir dimisiones o ceses tras imputaciones o simplemente sospechas de presunta corrupción. Hicieron del recurso judicial una forma de hacer política, de la petición de “cabezas” una herramienta de uso diario. Pero claro, ahora los opositores son Gobierno y toca cambiar las reglas del juego .

Ahora las imputaciones llevan asterisco. Ahora las sospechas de mala praxis se las lleva el viento. En este tiempo te “levantan” cuatro millones de euros de la EMT y en lugar de dimitir, te vanaglorias si eres concejal de pagar a dedo 40.000 euros a dedo a una empresa en la que estuvo tu gerente que por otra parte es “colega”. Es el doble listón que tan de moda se ha puesto .

Desde dentro del propio PPCV se quisieron llevar por delante a Alberto Fabra porque una imputación suponía tu cese automático. Ahora te imputan por homicidio involuntario y tus “jefes” salen a explicar que no te van a cesar por que “eso no es corrupción”.

La pregunta es ante esto: ¿Qué hará la actual oposición? Ausente de pegada en casos que han podido derivar en responsabilidad política en Consellerias por causas penales de familiares de altos cargos. Si esa es la estrategia, con todo lo que han sufrido en su tiempo de gobierno, han tomado el camino equivocado. Pero en política como en la vida, nunca se sabe.