Partidos políticos
Varios exaltos cargos del PSPV no logran explicar la financiación en el Senado
Orengo, Pla y Cataluña desprecian la investigación y niegan una trama corrupta en sus comparecencias
Ni trama corrupta ni donaciones ilegales. Los tres primeros excargos del PSPV-PSOE que han comparecido este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos negaron que durante la época en la que ejercieron responsabilidades se produjera alguna irregularidad. Ninguno de ellos admitió la mecánica que un juzgado de Valencia y la Policía encuentran sospechosa, por la cual la agencia Crespo Gomar -que realizó trabajos para los socialistas valencianos de cara a la campaña electoral de 2007- habría remitidio el pago real de los servicios a terceras empresas mediante la confección de facturas falsas.
La sesión, durante la cual se sometieron a las preguntas del senador del PP Luis Aznar , arrancó con la intervención del exalcalde de Gandía -y actualmente asesor del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig-, José Manuel Orengo . De su etapa como primer edil de la localidad -donde tenía la sede Crespo Gomar- se investigan adjudicaciones a esta empresa, presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento Antonio Gomar. En ella trabajó también el exasesor de Orengo José Ramón Tíller. Una de las operaciones más llamativas fue la adquisición de un inmueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros . Una compra que fue subvencionada al 50% por el Consistorio, cuando el local pertenecía a una mercantil administrada por Gomar.
Sobre todo ello, Orengo aseguró este viernes que «nadie se ha llevado nada» y lamentó que se pongan «en sospecha» los contratos «limpios y lícitos». Con una imaginaria bola de cristal, se aventuró a asegurar «con toda rotundidad» que la rama de Gandía en la investigación «acabará archivada en diligencias previas», sin miedo a equivocarse y «para la tranquilidad de todo el mundo».
El actual asesor de Ximo Puig protagonizó un rifirrafe con el senador del PP, a quien criticó su «especie de rezo basado en premisas falsas» y tachó de «barroco». «Le puedo mostrar un adjunto con 30 o 40 contratos de mi etapa pero no me dejan hacerlo hasta el final para que diga que no los recordaba. Ya lo he dicho: soy un gordito cobarde, estoy dispuesto a contarlo todo, todo, todo », protestó.
Después de que el portavoz popular renunciara a seguir preguntando al considerar que Orengo no había «ido a colaborar», llegó el turno de Pepe Cataluña, exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE y una de las personas que aparecen en los correos en los que han indagado los investigadores. Concretamente, se le menciona en uno en 2005 al que se alude a una factura a la constructora Blauverd por 69.600 euros que debe enviarse por mensajería a la sede del partido a la atención de Cataluña.
Acerca de esta cuestión, destacó que él dejó su cargo en enero de 2004, por lo que le parece «muy extraño» y consideró que «no es normal», aunque no supo explicarlo y se limitó a señalar que no sabe «nada». De hecho, justificó que todavía en 2009 le llegaban postales a la sede de gente que pensaba que tenía responsabilidades. Sobre los pagos de terceras empresas y los contratos con Crespo Gomar, señaló que no tuvo constancia mientras estuvo frente al departamento de finanzas.
Pla se compara con Rajoy
Por último, intervino el líder del PSPV-PSOE en el momento de los hechos Joan Ignasi Pla , quien alegó que los procedimientos judiciales se centran en años en los que él había abandonado su cargo orgánico. Apuntó que «como secretario general» no estaba al tanto de cuestiones del día a día, «como Mariano Rajoy», ironizó, en referencia a la declaración del presidente del Gobierno en el juicio del caso Gürtel.
En este sentido, circunscribió a «actividades propias de la política» los trabajos de Crespo Gomar y valoró que la inhibición de la juez de Valencia en favor de cuatro juzgados es porque «no da credibilidad» al caso. En su auto, la magistrada alerta de una posible financiación irregular, pero el presunto delito electoral estaría prescrito.
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