Economía
Valencia y Barcelona se alían para hacer pagar impuestos a la Iglesia
Los ediles de Hacienda de ambos consistorios presionan para modificar la Ley de Mecenazgo y poder cobrar tributos a los locales de las congregaciones religiosas convertidos en negocios
El Ayuntamiento de Valencia y el de Barcelona han sellado este martes su alianza para trabajar en una modificación de la Ley de Mecenazgo, el principal escollo que impide cobrar impuestos a la Iglesia por las actividades económicas que desarrolla fuera de las labores sociales o vinculadas al culto.
«El objetivo es coordinarnos para acabar con los beneficios fiscales injustos que en España está recibiendo a día de hoy la Iglesia Católica, que está dejando de tributar por unas actividades económicas por las que sí que paga cualquier autónomo o empresario », ha señalado el edil de Hacienda del consistorio valenciano, Borja Sanjuan, tras mantener un encuentro telemático con su homóloga en la Ciudad Condal, Montserrat Ballarín.
Sanjuan ha indicado que las administraciones están haciendo ahora un esfuerzo «para intentar adaptar esta normativa a lo que ya dice el derecho de la Unión Europea y defendemos desde estos ayuntamientos, para que a igual actividad económica, la tributación sea la misma. Hasta la fecha esos beneficios son del todo ilegales y lo que necesitamos es clarificar la norma para dar cobertura a lo que ya están diciendo los tribunales».
Una iniciativa del Gobierno que lidera Joan Ribó que se remonta al año 2015, cuando Compromís y PSPV llegaron al poder, pero que todavía no ha dado sus frutos. En 2019 el Ayuntamiento de Valencia realizó un registro en el que se incluyeron alrededor de 1.700 locales repartidos por la ciudad que estaban exentos de pagar, por ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
De aquellos que no se destinaban ni al culto ni a residencias ni a actividades sociales, el consistorio dejaba de ingresar, según sus cálculos, cerca de dos millones de euros anuales. Incluso se emitieron, sin éxito, los primeros recibos.
La mayoría son propiedad de órdenes religiosas y han sido alquilados a otras sociedades para montar un negocio, desde un hostal hasta una tienda de alquiler de bicis o una academia de idiomas. Lo mismo ocurre con el hospital privado Casa de la Salud -que deja de pagar 150.000 euros al año- o con uno de los casos más llamativos: el edificio de la Universidad Católica de Valencia en la calle Jorge Juan, una de las zonas de mayor valor catastral de la capital, que está ligado a una parroquia contigua, en lo que desde el Gobierno municipal siempre han calificado como competencia desleal.
