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EMT de Valencia: del macrofraude de los cuatro millones a un devastador incendio en cocheras
La oposición reclama convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa para dirimir las causas del siniestro
La EMT de Valencia vuelve al foco público y continúa siendo uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno municipal, formado por Compromís y el PSPV . Catorce meses después de que estallara el macrofraude de 4.040.000 euros y cuando se está llevando a cabo la investigación judicial por ese caso, un incendio ha arrasado las cocheras de la empresa de transporte.
Este sábado por la tarde se declaró un incendio industrial en el depósito sur de la EMT, en el barrio de Sant Isidre, que calcinó dieciséis autobuses, dejó uno parcialmente quemado y seis afectados. La policía científica está investigando las causas del accidente.
[Un incendio en las cocheras de la EMT de Valencia calcina dieciséis autobuses]
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), señaló que los autobuses afectados eran antiguos y la mayoría estaban pendientes de que el año que viene se retirasen de la red. Además, indicó que esta situación no afectaría al funcionamiento del servicio.
Ante esta situación, la oposición ( PP, Cs y Vox ) ha solicitado la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa con el objetivo de que el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la compañía, Giuseppe Grezzi (Compromís) , «dé cuenta de las circunstancias y las causas» del incendio en las cocheras y realice una valoración exhaustiva de los daños sufridos en la flota.
En concreto, los concejales del PP Carlos Mundina y Marta Torrado han reclamado «conocer las causas, si funcionaron los protocolos y todos los sistemas antiincendios, y qué repercusiones va a tener grave incendio en el servicio de la EMT».
«Estamos ante una pérdida patrimonial muy importante en una empresa que ya tiene graves dificultades financieras. Queremos conocer los números reales de estas pérdidas sufridas ayer y cómo la empresa va a gestionarlo», ha subrayado; mientras que María José Catalá , portavoz del PP en el consistorio, ha añadido que los autobuses tenían un valor de 300.000 euros cada uno.
Por su parte, desde Cs, su portavoz Fernando Giner ha solicitado una «valoración exhaustiva de los daños sufridos de cualquier índole, la situación de los seguros en la EMT en relación al incendio, todos los procesos a seguir para la cobertura de los daños y las acciones para el restablecimiento total del servicio, planificado en los días posteriores al siniestro».
Además, Giner ha lamentado los «frívolos comentarios del alcalde ayer por la tarde sobre la antigüedad de la flota dañada» y ha exigido a Ribó «transparencia y seriedad» para abordar las graves consecuencias de la pérdida de 23 autobuses.
Macrofraude de cuatro millones
La EMT anunció que fue víctima de una estafa de cuatro millones de euros a finales de septiembre de 2019. Los supuestos estafadores remitieron correos electrónicos a la entonces responsable de Administración de la empresa, Celia Zafra , que fue despedida tras estos hechos, haciéndose pasar por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, para solicitar hasta ocho transferencias a una cuenta del Bank of China en Hong Kong.
Estas transferencias no se correspondían al abono de suministros o servicios a proveedores de la empresa pública. La responsable del área de administración -se desconoce si fruto de este engaño o no- permitió el acceso a las firmas y los DNI de los apoderados -el entonces director gerente Josep Enric García Alemany y la responsable del área de Gestión María Gallón- mediante el escaneo y envío de dos documentos físicos en los que constaban esos datos.
De esa manera, se pudieron falsificar las firmas para autorizar las transferencias por escrito. A este respecto, Grezzi señaló que el protocolo de pagos de la EMT se realiza siempre mediante una firma mancomunada electrónica y nunca por escrito.
En septiembre, García Alemany fue cesado para «iniciar una nueva etapa en la gestión» del organismo tras el fraude, y el 1 de diciembre el consejo de administración de la EMT designó a la ingeniera Marta Serrano nueva directora gerente de la entidad con el respaldo del gobierno local y el no de los tres grupos de la oposición -PP, Cs y Vox-.
Un informe de Caixabank pretende demostrar que los directivos de la EMT conocían los movimientos bancarios del fraude
Este nombramiento fue criticado por la oposición al considerar que se trataba de una designación «a dedo, sin convocar un concurso público»
En el marco del juicio para dirimir las responsabilidades del macrofraude, el 2 de diciembre debía volver a declarar ante el juez la administrativa imputada en la causa, Celia Zafra, a petición de la empresa pública, al igual que el exgerente García Alemany y la jefa de gestión María Rayón como testigos. Sin embargo, fueron suspendidas ante el fallo de los sistemas de telecomunicaciones.
Las comparecencias guardaban relación con un informe aportado por Caixabank , que pretende demostrar que los directivos citados conocieron los movimientos bancarios que condujeron al fraude, según fuentes del caso.
El Ayuntamiento de Valencia persigue la responsabilidad civil de Caixabank a través de la vía penal, es decir, que se produzca una condena penal y que de ella se derive el reconocimiento de responsabilidad económica por el fraude por parte de la citada entidad bancaria. La EMT defiende que la entidad bancaria no cumplió los protocolos en la tramitación de los pagos fraudulentos ordenados por Zafra, que podría haber sido engañada por los defraudadores.
Sin embargo, en los informes que el banco ha entregado al juzgado podrían figuran pruebas de que ambos entraron en las cuentas de la EMT decenas de veces en las fechas en las que se produjo el fraude, por más que estuvieran de vacaciones, en el caso del gerente, y de baja, en el caso de la directiva. De confirmarse este extremo, sería contradictorio con las declaraciones anteriores de los dos testigos y podría demostrarse que tuvieron o pudieron tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, lo que a su vez afectaría a la posible responsabilidad civil del banco.
