Política
El tripartito valenciano indigna a los médicos tras plantear que la violencia obstétrica se equipare a la machista
La iniciativa parlamentaria ya ha provocado dos dimisiones
Estas son las ayudas que pueden solicitar las víctimas de violencia de género
La propuesta del tripartito valenciano -PSPV, Compromís y Unides Podem- para incluir la violencia obstétrica -conductas contra el cuerpo de las embarazadas- en la ley autonómica contra la violencia sobre las mujeres de 2012, se ha topado con el rechazo de la comunidad médica por su poca concreción y la confusión que genera. Los profesionales defienden que este tipo de negligencias existen, pero no están generalizadas. Tanto es así, que la iniciativa ya se ha cobrado dos dimisiones.
El texto, suscrito por los portavoces de las formaciones que sustentan el Gobierno del Botànic e incluido como enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2022, señala como violencia obstétrica «aquella que sin el consentimiento libre, previo e informado, en el marco de la definición de la OMS, sufren las mujeres durante el embarazo o el parto cuando reciben un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos».
A pesar de que no se debatirá en las Cortes Valencianas hasta principios de diciembre, el documento ya ha agitado el debate interno entre los socialistas, en cuyas manos está la Conselleria de Sanidad. De hecho, el departamento que dirige Ana Barceló se ha posicionado en contra de los términos en los que se ha propuesto esta modificación legislativa y ha defendido la labor que ejercen los profesionales.
En un comunicado, el Colegio de Médicos de Valencia ha rechazado el término «violencia obstétrica» porque supone un «ataque directo» contra los médicos especialistas en ginecología, las matronas y el resto del personal sanitario que participa en el seguimiento de los embarazos y partos con el fin de preservar la salud de la mujer y del bebé.
Incluirlo en la Ley de violencia de género, a su juicio, «no hace más que romper la confianza médico-paciente y la relación de respeto mutuo», pese a que reconocen que «como en cualquier otro trabajo, pueden darse casos de mala praxis» . Situaciones que no son habituales, recalcan, y que deben abordarse por las vías legales corespondientes.
En paralelo, la presidenta de la comisión contra la violencia de género del departamento de salud del Hospital La Fe, la ginecóloga Ana Monzó, ha anunciado que dimitirá de su cargo como signo de protesta. La jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecologia del Doctor Peset, Reyes Balanzá, también dejará de ser miembro de una comisión análoga en su departamento.
Dispuestos a hablar del encaje legal
Tras el revuelo, los socios de Gobierno en la Generalitat Valenciana se han mostrado dispuestos a hablar sobre el «encaje legal» de la enmienda. El PSPV aboga por adecuarla a otra normativa que no sea la de violencia machista, en la misma línea que Unides Podem, que cree que lo importante es que se incluya a nivel estatal en la reforma de la ley del aborto . Desde Compromís -impulsores de la iniciativa- tampoco se «cierran en banda».
«Estamos de acuerdo en que este tipo de violencia existe y en que hay que frenarla, pero hay unos protocolos en los hospitales y una gran tarea de matronas, ginecólogos y enfermeras para que no se produzca», ha resumido este martes el síndic socialista, Manolo Mata.
La oposición también ha cargado contra la propuesta de los tres grupos parlamentarios de la izquierda. Desde el PP han señalado que «no se puede anteponer la ideología sobre la salud de la madre y su hijo y de la profesionalidad de ginecólogos y matronas ». Los populares son contrarios a esta iniciativa «porque se da la sensación de que una mala atención es una práctica generalizada» y porque «no se puede confundir una posible mala praxis con la violencia de género», ha explicado la diputada Elena Bastidas.
En la misma línea, la síndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, ha calificado la enmienda como «un despropósito» porque «criminaliza» al sector sanitario «acusándoles de presuntos maltratadores» y porque hace «un flaco favor» a las mujeres que son víctimas de violencia machista. A su juicio, además, abre la puerta a que «por una mala praxis haya denuncias por vía penal es un despropósito».
