Política
El tripartito no puede cuantificar el «pufo» en Ciegsa después de tres años de investigación
Todos los grupos menos el PP concluyen que la empresa pública se creó para eludir controles y responsabilizan a los exconsellers
En febrero de 2016, Las Cortes Valencianas daban luz verde a la comisión de investigación sobre la gestión de Ciegsa , en la que los grupos esperaban que se depuraran las responsabilidades políticas de los sobrecostes y de la «corrupción» del dinero destinado a la construcción de centros educativos en la Comunidad. En septiembre de ese año empezaron los trabajos, que han tenido una duración de 22 sesiones en las que han circulado 67 personas, entre ellas responsables de la empresa pública, técnicos y asesores, empresarios y excargos públicos de la Generalitat y de la Diputación de Valencia.
Este martes, tres años después, todos los grupos menos el PP han presentado finalmente un dictamen de 179 páginas, cuyo plazo para registrarlo se ha ampliado hasta en cuatro ocasiones. Ahora, las conclusiones tendrán que aprobarse en un pleno que se celebrará en las últimas semanas de actividad parlamentaria, casi en campaña electoral. La gestión apunta a la etapa de los populares al frente del Consell, que además se investiga en una pieza separada del caso Taula que todavía permanece secreta.
El documento ha sido comentado este martes por los portavoces de PSPV, Compromís y Podemos -Alfred Boix, Belén Bachero y Antonio Montiel respectivamente-. La tesis principal es que Ciegsa funcionó como «una herramienta diseñada para eludir el control» de la Administración, lo que derivó en unos gastos financieros adicionales de 486 millones en los que «no se habrían incurrido» si la Generalitat hubiera ejecutado de forma directa los colegios. «Ciegsa era el PP en estado puro», han indicado sus redactores.
La cantidad que han mencionado se refiere a los mecanismos de financiación a los que se acogió la empresa pública para atender la deuda que arrastraba (como recurrir al mercado de crédito bancario o la formalización de permanentes pólizas de crédito). Ello se une a las sistemáticas ampliaciones de capital que en la mayoría de ocasiones no fueron desembolsadas.
La concreción de los datos, sin embargo, no ha sido posible. «Esta comisión de investigación no puede determinar, por no tener ni los mecanismos ni los recursos necesarios, los perjuicios ocasionados al erario público de la gestión realizada por los diferentes Gobiernos de la Generalitat que por acción u omisión han amparado el irregular funcionamiento de la empresa pública», admiten los redactores del dictamen. Es decir, los partidos reconocen que no pueden cuantificar ese coste . Máxime cuando la justicia sigue indagando en presuntas mordidas y contrataciones irregulares. Es por ello que piden que la propia Generalitat, sin perjuicio del procedimiento en los tribunales, lleve a cabo una auditoría financiera y de legalidad que determine exhaustivamente el agujero en las arcas públicas.
Sin mención a los mil millones de sobrecoste
El texto tampoco menciona la cifra de los mil millones de euros en sobrecostes en la construcción de colegios que cuantificaron el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el de Educación, Vicent Marzà, en 2016. La cantidad ha sido usada en reiteradas ocasiones por el Gobierno valenciano , pero el viceinterventor de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat, Ignacio Pérez López, señaló durante su comparecencia precisamente en la comisión que no constaba en el informe que realizó y nunca se ha pronunciado sobre ella. Intervención sí calculó que el coste total de las obras realizadas por Ciegsa fue de 2.826 millones, de los cuales 736 corresponderían a sobrecostes.
El dictamen responsabiliza a todos los consellers de Educación desde 2001 a 2013 y en especial cita la responsabilidad política 'in vigilando' de Alejandro Font de Mora. La etapa «más negra», remarcan, fue bajo la dirección de Máximo Caturla como secretario autonómico y posterior consejero delegado de la empresa pública.
Concluyen, igualmente, que Ciegsa incurrió en ausencia de planificación, sobrecostes «de porcentajes incomprensibles», o una «burbuja de endeudamiento». Añaden que esos sobrecostes, que excedían los límites previstos en la ley de contratos, se extendieron también a la contratación de aulas prefabricadas, mientras que los contratos por lotes crearon una «discrecionalidad» en las adjudicaciones que investiga la justicia. También alude el informe al «sobredimensionamiento» de la plantilla de personal en la empresa pública, contratado directamente sin publicidad, mérito o capacidad.
El portavoz en la comisión del grupo popular, José Juan Zaplana, ha anunciado que el PP presentará un voto particular sobre el documento al considerar que es «poco serio, sin ningún rigor basado en especulaciones».
