OPERACIÓN TAULA
La trama corrupta de Valencia infló hasta un 150% el coste la construcción de colegios públicos
De un total de 528 adjudicaciones realizadas entre los años 2001 a 2012 por Ciegsa, únicamente 39 respetaron o redujeron el presupuesto programado
Sobrecoste millonarios en la construcción de colegios públicos. La desviación entre el presupuesto de adjudicación de obras realizadas por la empresa pública dedicada a la construcción de infraestructuras escolares Ciegsa -investigada dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa- y el coste real de las actuaciones ha llegado a alcanzar en algún caso un 151 por ciento . Así fue en una intervención en un colegio de Tárbena (Alicante) en 2006 --cuando Máximo Caturla , una de las personas detenidas, era consejero delegado-- , que pasó de los 177.775 euros previstos inicialmente a más de 446.000, una diferencia superior a 268.000 euros.
Caturla, una de las 29 personas investigadas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, fue secretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa desde 2004 a julio de 2007. Posteriormente, fue vicepresidente de la Diputación de Valencia.
Caturla fue uno de los veinticuatro detenidos la semana pasada y quedó en libertad bajo finanza pecuniaria de dos millones de euros , en contra del criterio del fiscal, que reclamaba prisión provisional.
Se da la circunstancia de que, paralelamente a la Operación Taula, el actual gobierno de la Generalitat Valenciana ya ha puesto a disposición de la Fiscalía un informe de la Intervención sobre la actividad de Ciegsa que apunta a sobrecostes de 1.000 millones y a que se utilizó esta empresa pública como una "especie de Conselleria de Educación en B".
La causa está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número dieciocho de Valencia y se investiga un fraude de varios millones de euros derivado de decenas de actos delictivos.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, de un conjunto de más de 528 adjudicaciones realizadas entre los años 2001 a 2012 por Ciegsa, únicamente 39 respetaron o redujeron el presupuesto programado.
En todos los demás proyectos, lo que se ha acabado pagando, a fecha de 31 de diciembre de 2015, ha sido superior a lo que se previó en porcentajes que oscilan entre el 1 por ciento y los 'picos' máximos de 151 por ciento --de una obra del colegio de Infantil y Primaria San Salvador de Tárbena (Alicante)-- y de 122 por ciento, del IES Nuevo de Rafal, también en Alicante, que ha costado casi 7 millones de euros (6.919.002 euros) en lugar de 3.113.295.
A esta diferencia entre el importe adjudicado y el final, habría que sumar los gastos de gestión de la propia empresa, por lo que el sobrecoste sería todavía mayor, según las fuentes consultadas.
Los incrementos que iban suponiendo estas actuaciones en el mapa escolar valenciano se traducen, dependiendo de la envergadura de la obra, en millones de euros. El ejemplo más llamativo es el Instituto de Formación Profesional Ciudad del Aprendiz de Valencia , adjudicado en 2004 por 11,2 millones de euros y que ha costado, de acuerdo a estos datos, 16,7 millones, 5.462.411 euros más (+48%).
Otros desvíos que superaron el millón de euros se produjeron en obras encargadas a la empresa Construcciones Luján SA, cuyo presidente, Javier Luján , fue también arrestado en la operación desplegada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el listado de proyectos de Ciegsa aparece hasta en siete ocasiones con obras cuyo coste presenta una diferencia de 7.144.838 euros respecto a lo que se presupuestó en el momento de adjudicación.
En concreto, en 2005 se hizo cargo del IES Nuevo de Albalat de la Ribera (Valencia), adjudicado por 5,2 millones y que ha acabado con un importe de 7 millones, un 35 por ciento de variación (1,8 millones). En 2007, también fue seleccionada dentro del proyecto para el colegio Beato Jacinto Castañeda de Xàtiva (Valencia) . Aquí se pasó de un importe adjudicado de 5.728.353 al final de 7.119.026, una diferencia de cerca de 1,4 millones y el 24 por ciento.
La mercantil aparece en otros cinco casos: en 2001, en el IES Manuel Sanchis Guarner de Silla (Valencia) , donde se ha contabilizado un desfase del 56 por ciento (al pasar de 1.298.509 euros a 2.026.689); en ese mismo año intervino en el colegio Mare Nostrum de Valencia, adjudicado por 1.972.008 euros y cuyo coste asciende a 2.887.816 (915.808 euros más, un 46%).
Además, en 2007 aparece como adjudicatario del IES La Plana de Castellón , con una variación del 18% (de 2,6 millones a 3,1); en 2008, en el IES Nuevo de Turís (Valencia), que ha tenido un coste superior al previsto del 7% (de 5,2 millones a 5,6 aproximadamente); y en 2009, en el colegio Pío XII de Onda (Castellón), un 6% de desviación (los 314.786 euros de diferencia entre los 5,4 adjudicados y los 5,7 de coste).
Según fuentes de la investigación, los empresarios pagaban por las adjudicaciones, se manipulaban los pliegos de condiciones y se abonaban sobreprecios con los que después se repartían las comisiones.
El origen de la investigación se remonta a 2014, cuando Anticorrupción abrió diligencias a raíz de una denuncia de Esquerra Unida en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa por la supuesta gestión irregular por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent. Según fuentes de la UCO, las investigaciones se centran en los contratos que figuran en las grabaciones telefónicas intervenidas a Benavent y en pesquisas que «han permitido descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial», de acuerdo con el TSJ valenciano.
