Tribunales
El Supremo vuelve a tumbar el intento de la Generalitat de imponer el valenciano y marginar el castellano
Una sentencia rechaza el incidente de nulidad presentado por el Gobierno de Ximo Puig y le condena en costas
Nuevo varapalo judicial a la política lingüística de la Generalitat Valenciana. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig contra una sentencia que anulaba el decreto de la Generalitat que imponía el uso del valenciano en la Administración. En concreto, la sentencia, fechada el 14 de octubre y a la que ha tenido acceso ABC, rechaza sendos incidentes de nulidad presentados por la Generalitat y el sindicato STPV contra una resolución anterior del Supremo.
El litigio se remonta a un recurso presentado en el año 2017 por el PP ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el decreto de la Generalitat que discriminaba al castellano en la Administración autonómica. El TSJ decretó la nulidad de hasta once artículos y una disposición final, otda vez que entendía que la normativa de la Generalitat resultaba excluyente respecto al castellano.
La normativa imponía el valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones de los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la publicidad institucional, los contratos con proveedores o las comunicaciones entre empleados públicos y los ciudadanos.
El pasado mes de junio, el Supremo rechazó el recurso presentado por la Generalitat contra la resolución del TSJ. Sin solución de continuidad, el Gobierno valenciano presentó un incidente de nulidad de las actuaciones, que el Alto Tribunal ha vuelto a desestimar, al tiempo que obliga al Ejecutivo de Ximo Puig mil euros en concepto de costas.
El Supremo entendía que la norma valenciano vulneraba la Ley 39/20215, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, que fija que la traducción obligatoria de los documentos al español. La ley estatal «no precisa ni admite ninguna otra intervención normativa por parte de la Comunidad Autónoma», de acuerdo con el fallo del Supremo, que concluye que la regulación autonómica carece de «cobertura competencial» .
Fuentes del Partido Popular han recalcalcado que «la sentencia avala el derecho de los valencianos a ser atendidos en igualdad de condiciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales» .
