La Sindicatura de Greuges recibe una denuncia por la promoción del catalanismo en 35 ayuntamientos valencianos

El debate sobre las señas de identidad resurge en el plano político con la propuesta del grupo popular para debatir en las Cortes una proposición no de ley que defiende la «identidad» de la lengua valenciana «diferenciada» del catalán y que transcurre en paralelo a la denuncia recibida por la Sindicatura de Greuges contra de treinta y cinco ayuntamientos de la Comunidad Valenciana por su integración en la «Xarxa de ciutats valencianes Ramón Llull».

El departamento que dirige José Cholbi ha comunicado a Plataforma Valencianista PLV que ha recibido las denuncias presentadas por esta entidad contra los Ayuntamientos de Agres, Xixona, Corbera, Xàbia, Pedreguer, Novelda, Muro de Alcoy, Guardamar del Segura, Elche, Bolulla, Benissa, Alcoy, Alzira, Ontinyent, Burjassot, Godella, La Font de la Figuera, Xeresa, Xeraco, Sueca, Simat de la Valldigna, Quatretonda, Picassent, Gandia, Benifairó de les Valls, Bellreguard, Alginet, L´Alcúdia, La Salzadella, Onda, Morella, Faura, Benicarló, Vistabella del Maestrat y Atzeneta del Maestrat por formar parte de la « Xarxa de ciutats valencianes Ramón Llull» , a su vez perteneciente a la Fundación Ramón Llull, una entidad que tiene como objetivos principales «intensificar el estudio, la promoción y la defensa de la lengua catalana», así como «f omentar la proyección exterior de la lengua catalana y de los ámbitos culturales diversos que se expresan».

Los 35 ayuntamientos valencianos objeto de la denuncia comparten la Fundación Ramón Llull con la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Andorra, entre otras Administraciones públicas.

El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha establecido contactos oficiales con la entidad, pero no ha formalizado su integración.

La denuncia, cuya admisión todavía debe admitir la Sindicatura resalta que los ayuntamientos integrados en la «Xarxa Lllull» incumplen principalmente el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en el que se establece que las lenguas oficiales del territorio son el castellano y el valenciano.

La entidad denunciante espera que la Sindicatura remita a los consistorios requerimientos para que «cumplan la legalidad». Al respecto, considera que «el hecho de que estos municipios valencianos formen parte de una Fundación que se define como representante de los territorios de “parla catalana” integrados en los mal llamados “países catalanes” , incumple también la Constitución Española, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro autogobierno, señas de identidad y personalidad propia del pueblo valenciano».