Política
La Sindicatura alerta del déficit y lamenta que el cambio de financiación se retrase «con la excusa de la pandemia»
El organismo apunta que la Generalitat «no ha respetado los objetivos de déficit y tampoco la regla de gasto»
El «síndic major» de Comptes, Vicent Cucarella , ha alertado del elevado déficit de la Generalitat , con un aumento del 34,7 por ciento en 2019, y lo ha achacado a la infrafinanciación valenciana , además de lamentar que el Gobierno haya retrasado el cambio de este modelo «con la excusa de la pandemia del coronavirus».
Así lo recoge la auditoría de 2019 de la Sindicatura de Comptes, entregada este miércoles a las Cortes valencianas y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig . Este informe hace referencia a la financiación autonómica, una de las «quejas» habituales del órgano externo de control durante los últimos años.
En concreto, el Síndic ha llamado la atención sobre el aumento del déficit entre 2018 y 2019, algo que «será difícil equilibrar con el actual sistema de financiación». «En los últimos años, los ingresos han aumentado pese a no tener cambio del modelo y el gasto en mayor medida, esto hace que se haya disparado el déficit», ha explicado a los medios.
Esto supone que «no se han respetado los objetivos de déficit y tampoco la regla de gasto». Las cuentas anuales de la Generalitat en 2019 muestran un « grave desequilibrio » con un patrimonio neto negativo por 34.813 millones y una deuda financiera de 49.784,3 millones, a pesar de la ligera disminución en los cuatro últimos años en relación al PIB.
Ante esta situación, la auditoría recoge que «urge más que nunca» resolver la infrafinanciación, una situación que «no solo está perjudicando la acción del sector público en momentos difíciles, sino que eleva la deuda y condicionará negativamente el futuro de los servicios públicos valencianos».
También recuerda que la Generalitat debe incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado «únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable espera obtener», en relación a la partida reivindicativa de más de 1.300 millones que viene incluyendo en los últimos años por la infrafinanciación.
No obstante, reconoce que la Generalitat tiene dificultad para afrontar los gastos del Estado del Bienestar, la estabilidad presupuestaria y un «tratamiento ortodoxo» de las previsiones de ingresos, todo ello por la falta de fondos estatales.
En general, el informe de Sindicatura concluye que las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa, con algunas excepciones. Los auditores no han encontrado situaciones en las que pueda incurrir en responsabilidad contable.
Una de sus principales advertencias es que los gastos contraídos al margen del presupuesto de 2019 ascendieron a 945,2 millones y «vulneran las disposiciones legales» aunque se pueden convalidar por autorización expresa del Consell. El año pasado se tramitaron expedientes de enriquecimiento injusto por 1.443 millones, de los que 490,4 correspondían a gastos de ejercicios anteriores. «No es que desaparezcan, pero no están presupuestados y después habrá que pagarlo», ha advertido el Síndic.
La auditoría incluye que las consignaciones definitivas de las cuentas de la Generalitat para 2019 se mostraron insuficientes para atender las transferencias y subvenciones previstas, además de mantener unos niveles de pago «muy bajo o incluso nulos» en algunas ayudas. No se recogió la forma de concesión en sesenta líneas por un valor conjunto de 2.469,1 millones.
También hubo « s ubvenciones directas no justificadas » cuando están condicionadas a cumplir una serie de requisitos por su carácter excepcional. «En algunos casos no estaba justificado el por qué de esta excepcionalidad», ha puntualizado el «síndic major», advirtiendo que «no poderlo justificar ya pone en duda si se pudiera haber hecho un proceso con más publicidad y concurrencia».
Por otro lado, el informe incide en la necesidad de disponer de más personal y medios para ciberseguridad , «un área tan importante para el mundo al que nos acercamos con una administración cada vez más a distancia», como se ha demostrado en el confinamiento, al igual que en la necesidad de controles en los sistemas de gestión de la nómina por el aumento del teletrabajo.
Todo ello «para hacer frente a las amenazas continuamente crecientes tanto en número como en peligrosidad», por lo que insta a la Conselleria de Hacienda a tomar conciencia y cumplir los niveles que exige el Esquema Nacional de Seguridad, dado que «es necesario mantener una adecuada ciberhigiene y un sólido sistema de protección ante los ciberataques».
Entre las excepciones se mantienen las «dificultades» de años anteriores para una estimación razonable de las obligaciones que deberá reconocer el Consell por ayudas de vivienda, con una estimación de 24,2 millones por las pendientes de aplicar al presupuesto o de resolver. Otra de sus observaciones es que en 2019 había un gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a la Generalitat, con lo que desconoce si «las provisiones dotadas para ello son las adecuadas o no».
A largo plazo, la auditoría llama la atención de que «el sector público debería ir anticipándose» a los efectos económicos y sociales del cambio climático y reducir los combustibles fósiles, una recomendación rescatada de años anteriores.
