Saqueo en Emarsa: 836.600 euros de dinero público desviados a comidas y regalos

Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que los 24 procesados por el desvío de fondos públicos de la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros.

Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Epsar y la empresa metropolitana de Valencia Emshi , los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.

La Fiscalía de Valencia cifra en esos 23,5 millones de euros los perjuicios causados por el desvío de fondos públicos a través de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo , de los que 836.613,25 euros se destinaron a gastos en hostelería, obsequios y similares, otros 262.934,11 a viajes particulares y 146.400 euros a sobresueldos.

Así lo ha cifrado el ministerio público durante la exposición de sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa , en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados. El resto de acusaciones reclama penas similares a las del ministerio público.

En el desglose de gastos, la fiscal advierte de que se han desviado 12,1 millones de euros derivados de la gestión de los lodos de Pinedo y otros 849.176,44 euros por la gestión de los desbastes en la misma planta. En total, algo más de trece millones de euros. Asimismo, se ha referido a 262.934,11 euros por los perjuicios causados por gastos en viajes particulares; a 836.613,25 euros por gastos en hostelería, obsequios y similares; y a 146.400 euros por sobresueldos.

El caso Emarsa, dividido en más de una decena de piezas , se investigó durante alrededor de cinco años. Saltó a la luz en el año 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más.

Al año siguiente, en 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios y obligó a dividir el procedimiento en diferentes piezas para agilizar los tiempos.