Economía
Riba-roja incauta 1,9 millones al expresidente del Valencia CF Juan Soler por un PAI inacabado
El gobierno local destinará 1,2 millones de euros a finalizar las obras «paralizadas» desde 2008
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja (Valencia) ha aprobado la incautación del aval bancario de 1,9 millones de euros a la empresa urbanizadora del Programa de Actuación Integrada (PAI) Mas de Baló en el municipio, propiedad de la familia del ex presidente del Valencia CF Juan Soler y con el objetivo de construir un polígono industrial. El gobierno local destinará 1,2 millones de euros de este aval a finalizar las obras "paralizadas" desde 2008, según fuentes municipales.
Además, el consistorio ha indicado que la incautación --validada en sesión plenaria con los votos a favor del equipo de gobierno formado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida, y del Partido Popular y Ciudadanos-- es uno de los puntos que respalda un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
En este informe, según el consistorio, el órgano consultivo afirma que "procede resolver la adjudicación de los programas y convenios urbanísiticos" en Riba-roja, así como "declarar extinguida la condición de agente urbanizador" a la mercantil de Soler por sus "incumplimientos" , según el Ayuntamiento, que lo ve como un "espaldarazo" a la política urbanística llevada a cabo en el municipio durante los últimos años.
Sin embargo, el CJC matiza que la incautación de los 1,9 millones de euros del aval que en su momento depositó la empresa " tendrá en cuenta las obras concluidas alrededor del 80% sobre el total" y subraya que el Ayuntamiento "toleró durante años la completa paralización" de la construcción del polígono. Por ello, recomienda actuar con "dosis de proporcionalidad" al tiempo que recuerda que "en ningún momento se impusieron penalidades económicas" por los incumplimientos".
Ante este dictamen, el pleno de Riba-roja ha acordado asumir de forma directa la gestión de las obras que faltan por concluir en Mas de Baló, cuyo coste ha cifrado en 1,2 millones de euros, que financiará con la incautación del aval.
El PAI consta de 500.000 metros cuadrados de terrenos que " multiplicaron su valor económico en más de un 300% al pasar de los 116 euros al metro iniciales a 350 euros", ha denunciado el Ayuntamiento, que cifra en hasta 12 millones de euros las plusvalías generadas por este programa urbanístico. "Los 5,8 millones de euros del valor del suelo al principio pasaron a 17,5 millones tras su recalificación de suelo agrícola protegido a terreno industrial", subrayan desde el consistorio.
«Ansias de ganar dinero»
Por tanto, con la adopción de medidas para incautar el aval, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha celebrado que "se pone el punto y final a una situación paralizada desde hace casi ocho años" y que finalmente "se llevarán a cabo unas obras muy importantes para apoyar y revitalizar el tejido industrial y la creación de puestos de trabajo".
Para el primer edil, el ex presidente del Valencia CF "ha dado muestras sobradas de sus ansias por ganar dinero a costa de los ciudadanos y propietarios de Riba-roja, sin causarle el mínimo rubor las cantidades indecentes que obtuvo en plusvalías a lo largo de todos estos años", todo "con la complicidad y la impunidad del anterior gobierno del PP", ha remarcado.
«Ningún recurso» desde 2008
En la sesión plenaria, el consistorio ha constatado que, desde el inicio del PAI, el urbanizador "no ha destinado ningún recurso, por mínimo que fuera, a resolver los problemas pendientes y a finalizar la urbanización" consistente en la construcción de zonas verdes , completar el desvío eléctrico y terminar y reponer en marcha la depuradora .
Hasta el momento "tan solo se ha realizado la red exterior de agua potable" en Mas de Baló "sin que estas obras hayan sido pagadas por el urbanizador y sin aportar la documentación que garantiza la idoneidad de las mismas", apuntan desde el Ayuntamiento.
Asimismo, el pleno ha ratificado que el incumplimiento en la ejecución de los trabajos "queda avalado con los informes técnicos municipales del ingeniero, el arquitecto y el conjunto entre la secretaría y el arquitecto". Por ello, la sesión ha rechazado las alegaciones que en su momento presentaron la empresa adjudicataria de las obras, la entidad bancaria y otra mercantil incluida en la adjudicación.
