Economía
Los regantes cifran el impacto de los recortes al trasvase Tajo-Segura en 8.000 empleos y 12.000 hectáreas
El SCRATS alerta de que el uso de agua desalada como plantea el Gobierno encarecerá la factura en los hogares
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ( SCRATS ) ha evaluado el impacto de los recortes que aplicará el Gobierno a los trasvases , que cifra en 12.000 hectáreas de cultivo que desaparecerán, con la pérdida de más de 8.000 empleos y unas pérdidas económicas anuales de unos 122 millones de euros.
Estos datos proceden de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), «organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha dejado claro al propio Ministerio que tocar el Trasvase tendrá unas consecuencias catastróficas para el campo», señala Lucas Jiménez , presidente del SCRATS. Una afirmación que se apoya en el Plan Hidrológico del Segura 2022-27, que la semana pasada recibió el informe favorable del Consejo de Agua convocado por la CHS.
«Un grave impacto socioeconómico y ambiental no solo para el sector agroalimentario del Levante, sino también para los ciudadanos, que sufrirán de forma directa algunas de las consecuencias del recorte, debido al incremento injustificado de los caudales ecológicos del Alto Tajo», ha alertado Jiménez.
Esta propuesta ministerial supone una disminución de 105 hectómetros cúbicos anuales , de los que al abastecimiento corresponden 27 y 78 a los riegos del Trasvase. «Esto dejará las zonas regables, declaradas de interés general del Estado y dimensionadas para recibir 400 hm3 al año, con solo 119 hm3 a final del actual ciclo de planificación», denuncian desde el SCRATS.
Repercusiones en otros sectores
El impacto que sufrirá el regadío tendrá consecuencias directas sobre sectores cuyo trabajo queda estrechamente ligado al agro (fitosanitarios, logística, packaging, abonos, combustible, entre otros), con la correspondiente caída del consumo de las familias involucradas. «Será como la caída de las fichas del dominó y nos podrá pasar a cualquiera de nosotros: a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos…», pronostica Jiménez, que señala que el plan fija en 8.060 los empleos totales afectados (directos, indirectos e inducidos).
Asimismo, el incremento del uso del agua desalada propuesto en el Plan de Cuenca implica una subida en el precio de la factura de agua de los hogares de Murcia, Alicante y Almería. Zonas que ya se ven obligadas a pagar una cuantía superior a la del resto de España. «Además, el plan de cuenca deja claro que el agua desalada no soluciona nuestro déficit de hídrico debido a sus elevados costes», indica el presidente del SCRATS, que resalta que un uso mayor de agua desalada aumentará aún más el precio que se paga por el agua en los hogares. «¿Podemos permitírnoslo?», se pregunta Jiménez, que recuerda que es un golpe que sufrirá toda la sociedad levantina.
Esta situación supondrá asimismo un gran daño medioambiental, ya que los cultivos del Levante funcionan como los principales sumideros de CO2 del entorno . «Son una de las herramientas básicas para combatir el cambio climático en la zona», destacan los regantes.
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