Recursos hídricos
Los recortes a los trasvases del Tajo al Segura restarán también un 57% de agua en Castilla-La Mancha
Los agricultores de Asaja del interior y del sureste peninsular hacen piña contra los planes de cuenca del Gobierno
La tantas veces aludida «guerra del agua» por los trasvases del Tajo al Segura tiene cada vez menos de territorial y más de tintes políticos, porque los agricultores del interior y del sureste peninsular están unidos en contra de las pretensiones del Gobierno de recortar estas transferencias. Les perjudican por igual, porque en Castilla La-Mancha también perderán un 57% de los caudales disponibles.
El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu , ha revelado que el Plan de Cuenca para la demarcación hidrográfica del Tajo prevé esta merma en la zona cedente y, de hecho, hace ya algunos meses que los agricultores castellano-manchegos se posicionaron junto con los levantinos para mantener las condiciones del acueducto al Segura.
Esta organización ha presentado este miércoles alegaciones a los planes del Tajo, Segura y Júcar para el periodo 2022-2027, por entender que «criminalizan a la agricultura y van en detrimento del desarrollo del regadío y la prosperidad del territorio alicantino».
Entre otras objeciones, alegan que el Gobierno pretende establecer «una subida desmesurada e injustificada desde el punto de vista técnico del caudal ecológico, lo que supone la muerte del acueducto para uso agrícola, escudándose para ello en cálculos falseados y poco rigurosos». Respecto al Segura, Asaja denuncia que el déficit hídrico de esta cuenca no puede solucionarse con más agua desalada porque tendría «consecuencias severas» para el río, los cultivos y las comarcas de su alrededor. En cuanto al Júcar, la organización defiende que la solución a la sobreexplotación de acuíferos del Vinalopó no debe recaer solo en los usos de regadío y los agricultores, excluyéndose los industriales y urbanos, y reclama que se destine el agua necesaria del Júcar al Vinalopó para su recuperación.
En esta revisión de tercer ciclo 2022-2027 se contempla «aumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis próximos años, lo que supondría la muerte del acueducto para uso agrícola», tal como han alertado en los últimos meses.
Esta decisión, a juicio de Asaja , «carece de estudios técnicos argumentados y contrastados que justifiquen la necesidad de aumentar los caudales ecológicos» por el Ministerio de Transición Ecológica, que «intenta justificarlos por la vía medioambiental, escudándose en cálculos falseados y poco rigurosos».
En los planes de cuenca presentados por el Gobierno «falta planificación hidrológica e inversión en las infraestructuras de almacenamiento y redistribución de aguas y sobra postureo ecologista», añaden, convencidos de que se puede «compatibilizar el uso agrícola del agua y el medioambiental«, según Andreu.
Más respaldo empresarial
La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) también ha presentado alegaciones a estas planificaciones en el Segura, Júcar y Tajo por su «redacción lesiva a los intereses de la provincia de Alicante», en cuya redacción hay «falta de consenso» y no se tienen en cuenta «los principios de solidaridad y la consideración de que los recursos naturales, como el agua, no pueden ser propiedad de ningún territorio en el conjunto del Estado español», tal como ha explicado el presidente de UEPAL, Juan José Sellés .
La iniciativa de presentar las tres baterías de alegaciones a sendos proyectos de planificación hidrológica en cada cuenca es «sumarse a la defensa de la provincia, reforzar la valiente y justa defensa que entidades como Aasaja están realizando del sector agroalimentario y lograr una articulación de las aguas fluviales y subterráneas sin intereses partidistas, es decir, sin generar vencedores y ni vencidos», ha justificado Sellés.
Uno de los elementos fundamentales en la articulación de las alegaciones de la patronal alicantina es la defensa del Acueducto Tajo-Segura, con el que riegan y beben las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y L’Alacantí. En este sentido, en las alegaciones al plan de cuenca del Segura se afirma que «el agua del trasvase Tajo-Segura es esencial para el regadío del Levante. Resulta imprescindible en el aspecto cualitativo, dada su mejor calidad, ya que los problemas asociados con el uso de las aguas subterráneas presentan una alta salinidad , y los recursos no convencionales tienen un coste elevado en coste, además de no ser perjudiciales para el medio ambiente».
En la misma línea de argumentación, se considera en las alegaciones al plan de cuenta del Tajo que el incremento de los caudales ecológicos son «una consideración política y no técnica que no está justificada, con el único objetivo de limitar las aguas a trasvasar».
Mala depuración en Madrid
El problema, según la argumentación de UEPAL, no está en los caudales ecológicos sino en la calidad del agua que se vierte sin depurar en el Tajo Medio , principalmente desde la región de Madrid. En consecuencia, lo que asevera las alegaciones de la patronal alicantina es que «el trasvase (Tajo-Segura) no compromete la demanda que tiene lugar en el territorio de la demarcación (Castilla La Mancha) ni los caudales ecológicos necesarios para la consecución de los objetivos ambientales» y por lo tanto se reclama que no se modifiquen al alza como plantea la nueva redacción del plan de cuenca del Tajo.
Además, recuerda que la sustitución de los caudales del Tajo no puede ser cubiertos con recursos extraordinarios como la desalación , puesto que no son suficientes , a pesar de las políticas de ahorro y reutilización, ni viable desde el punto de vista económico por el alto precio, y recomienda establecer un precio máximo del agua desalada para la agricultura no superior a 0,3 euros por metro cúbico . En la propuesta actual, esa tarifa parte de 0,8 euros y puede llegar a 1,3 con los costes energéticos.
