Educación
Rebaja a las tasas universitarias: la Generalitat Valenciana reduce los precios públicos un 10%
El Gobierno autonómico prevé que esta medida beneficie a las familias de 132.000 estudiantes en toda la Comunidad
La Generalitat Valenciana ha aprobado el decreto ley por el que se regula la bonificación del diez por ciento de las tasas propias y precios públicos gestionados por el Gobierno autonómico hasta el 31 de diciembre de 2022. Una medida que se prevé que beneficie directamente a más de 1,3 millones de ciudadanos y que suponga un ahorro de costes cercanos a treinta millones de euros.
Entre ellas, se establece una reducción de las tasas universitarias del diez por ciento para el próximo curso 2022/2023, cuya propuesta se prevé que revertirá en las familias de los 132.000 estudiantes de las cinco facultades públicas de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, quedan excluidas de la reducción general en tanto que no se consignan en los presupuestos de la Generalitat , son gestionadas por las propias universidades y su cuantía está sujeta a unos límites fijados en el ámbito de la actuación de los órganos colegiados correspondientes.
Según ha informado el Ejecutivo valenciano, se trata de una reducción «de carácter temporal» que se enmarca dentro del Plan Reactiva , con el fin de «mitigar el impacto de la inflación en la economía de las familias y empresas valencianas, evitar que su capacidad adquisitiva se vea más perjudicada, así como paliar y controlar los efectos negativos que puedan producir sobre la renta real y el empleo».
De hecho, esta bonificación responde a la voluntad del Consell de hacer frente al aumento de la inflación que ha desencadenado el problema de suministros ligado al parón del Covid-19 , así como el incremento en el precio de las materias primas y energía a causa de la sobredemanda para la recuperación económica y agravada tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Otras tasas incluidas
El decreto ley aprobado afecta a tasas de carácter transversal y vinculadas a un gran número de prestaciones y servicios suministrados por las administraciones públicas, ayudando así a contribuir a mitigar el impacto de la inflación en la estructura de costes familiares y empresariales.
En concreto, la medida afecta a todas las tasas propias, reguladas por la Ley 20/2017, a excepción de las tasas por servicios universitarios y siempre y cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios y que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público.
En cambio, sí que se han considerado a tal efecto las tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos, reguladas la Ley 10/1997; las tarifas portuarias, reguladas en la Ley 1/1999, con la excepción de los servicios a la pesca fresca y acuicultura marina; y las tasas por uso y ocupación de espacios en los puertos de la Generalitat en virtud de autorización o concesión, recogidas en la Ley 2/2014, con la excepción de la tasa por primera venta de pescado.
También se verán reducidos un 10% todos los precios públicos fijados por la Generalitat, con la misma limitación temporal desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el próximo 31 de diciembre de 2022 .
«Hay que tener en cuenta que esta medida únicamente afecta a las bonificaciones a favor de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental que se realicen en régimen de derecho público. Es decir, no se incluirán las contraprestaciones exigidas por entidades sujetas al derecho privado», detallan desde el Consell.
Así pues, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la medida los precios percibidos por las entidades de derecho público, las entidades públicas empresariales, así como las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público, en tanto que están sometidas al derecho privado.
Tampoco se incluyen los consorcios de los que forma parte de la Generalitat, en tanto que su creación obedece a un convenio firmado entre las partes, y su modificación implicaría una decisión que debería adoptarse en el seno del propio consorcio, de acuerdo con el convenio que lo regule.
Excención durante seis meses
Por otro lado, se establece una exención de seis meses para las tarifas portuarias por servicios a la pesca fresca y acuicultura marina, así como para las tasas por uso y ocupación de las instalaciones para la primera venta de pescado fresco, que quedan excluidas de la reducción general del diez por ciento.
Dado que en el caso de la tarifa portuaria G-4 , el periodo de liquidación es mensual, mientras que, en las tasas por uso y ocupación, el periodo de liquidación es semestral, con el fin de periodificar el beneficio sin alterar la regla de devengo y exigencia del impuesto se ha introducido una regla especial de cómputo de la base imponible por la cual se excluirán del cómputo de la base imponible los elementos para su cálculo generados durante la vigencia del beneficio.
