Caso Taula
¿Quién puede acabar investigado del PP valenciano por delito electoral?
La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo los conforman más de 100 personas, pero la investigación judicial se centraría en los puestos de responsabilidad y de acceso a las cuentas del partido
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que atribuye delito electoral continuado al PP de Valencia durante los comicios de 2011 y 2015 establece una serie de personas (sin nombre la mayoría) a las que el juez podría llamar a declarar como investigadas por su responsabilidad directa o indirecta en los hechos.
El documento señala de forma clara a dos órganos del partido en la ciudad: la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo . A juicio policial, los miembros del primero «difícilmente podían desconocer la situación» de la financiación irregular. Según indican, ésta se efectuó usando al grupo popular del Ayuntamiento como medio «para velar que terceros, empresarios o no», asumieran «de forma efectiva» el coste de adquisiciones que generaba la promoción política del PP de la ciudad de Valencia, mediante entregas de dinero en efectivo, sobre todo cerca de elecciones. Una práctica que es considerada ilegal por la falta de control.
En el caso del Comité Ejecutivo, la UCO entiende que no elaboraban ni aprobaban presupuesto alguno, pero se hacían campañas y afrontaban gastos que requerían de ingresos .
Así, remarcan que debe valorarse si procede incluir «a aquellos que, sin reunir las condiciones establecidas en la LOREG, deban considerarse inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos, para lo que cree que debe tenerse en cuenta la existencia de determinados cargos orgánicos del PP de la ciudad que permiten conocer la existencia de las dinámicas que se han puesto de manifiesto y colaborar con ellas».
Pero, ¿quiénes pueden ser todas estas personas? El juzgado se dirigirá durante los próximos días al partido para que las identifique. En total, son más de 100 los miembros de ambos órganos entre ediles, diputados autonómicos, parlamentarios nacionales, europeos, consellers y secretarios generales de distrito. Sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso, resultaría poco probable que todos ellos acabaran como investigados , puesto que incluso algunos, como exconsellers, figuraban por razón del cargo.
La investigación judicial trataría de centrarse, por tanto, en aquellos que más responsabilidad directa tuvieran en la toma de decisiones . Es decir, los puestos superiores de los organigramas. En el caso del Comité Ejecutivo podría tratarse, entre otros, de los concejales Alfonso Novo, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza, Félix Crespo y Maria Àngels Ramón-Llin; el expresidente del PP en Valencia Silvestre Senent; y los asesores Julio Aguado, Alejandro Fernández Checa y Carlos Mundina.
Todos ellos ocupaban puestos de coordinadores o vicesecretarios en este órgano. Mientras, en la Junta Directiva se apuntaría, igualmente, a los ediles, sobre todo a Alfonso Novo y Beatriz Simón , quienes ocuparon los puestos de presidente y secretaria general en 2015. En el caso de esta última, sucedió al actual diputado Jorge Bellver, a quien también salpicaría esta situación.
Así, la mayoría de los que acabarían investigados ya lo estarían en la pieza sobre el presunto blanqueo de 50.000 en el Ayuntamiento de Valencia, la cual quedaría en breve separada de la del delito electoral.
En última instancia, se encontraría la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá , aunque su condición de aforada restrasaría el proceso. De hecho, todavía se encuentra a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre su investigación por supuesto blanqueo.
Acceso a las cuentas
Aparte de ellos, el informe de la UCO, el igual que el juez durante estos meses, hace hincapié en las personas que tenían acceso a la cuenta opaca del Sabadell , fuente de las supuestas irregularidades. En ella figuraban como autorizados el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; la exsecretaria de grupo y una de las principales investigadas en este caso, Mari Carmen García Fuster; la secretaria de ella, María José Pi; y Marta Torredano.
También implicaría a las tesoreras del PP a nivel provincial y a nivel nacional , Montserrat Tello y Carmen Navarro respectivamente, por ser las administradoras generales y de las candidaturas durante las elecciones que se investigan.
Como ha venido informando ABC, ambas serían de las primeras en declarar pese a que el partido ha tratado de exculparlas al entender que no tenían por qué conocer los gastos. La imputación de Carmen Navarro puede abrir una gran brecha con Génova , que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre los concejales.
En total, podrían ser alrededor de una veintena de personas las que tengan que pasar ante el juez, dependiendo de la valoración del magistrado y de Fiscalía Anticorrupción.
Noticias relacionadas
