POLÍTICA
Puig y Oltra exigen ahora «confidencialidad» al PP para no difundir documentos del Consell
La práctica criticada por Compromís y PSPV la pasada legislatura es habitual ahora en respuestas de su Gobierno
El Ejecutivo protege la difusión de facturas, un video de FGV o comunicaciones de Aerocas
Las cláusulas de confidencialidad han sido uno de los caballos de batalla de Compromís y PSPV antes de sustentar al Consell en el que ahora mantienen una fórmula de «mestizaje». También lo era de la Esquerra Unida liderada por Ignacio Blanco , quien pese a que su partido ha quedado fuera del arco parlamentario ha encontrado acomodo como jefe de gabinete «técnico» de la vicepresidenta Mónica Oltra.
El contrato de Valmor o el de la empresa que gestiona el aeropuerto de Castellón , entre otras cuestiones, estuvieron en el centro de la batalla política, en la que Ximo Puig también opinaba que esta práctica contribuía a la «opacidad» en la gestión.
Pues bien, apenas unos meses después de que Puig sea presidente de la Generalitat y Oltra vicepresidenta , las «cláusulas de confidencialidad» se esgrimen con profusión en las respuestas parlamentarias a la petición de documentación de la oposición.
Es el caso de tres de las últimas respuestas a peticiones del grupo parlamentario popular. Así sucede, por ejemplo, en relación al vídeo en el que se ve a la actual consellera de Viviendas, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador , cuando acudió a la sede de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) .
La espera de Salvador
Esta visita fue polémica porque el Consell, en especial la vicepresidenta, Mónica Oltra , acusó al entonces gerente de FGV, Pablo Cotino , de «misógino» por hacer esperar un cuarto de hora a Salvador. Visionada esa cinta, se comprobó que ese tiempo de espera fue prácticamente inexistente.
En cualquier caso, el grupo parlamentario popular solicitó el vídeo y la respuesta del pasado 29 de septiembre al diputado Alfredo Castelló fue que «en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, la información solicitada ha de ser utilizada exclusivamente en el ámbito de sus compete ncias en sede parlamentaria, observando la correspondiente reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las imágenes de la grabación, sin que en ningún caso pueda darse publicidad a las mismas».
Del mismo modo, el pasado 17 de noviembre el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler , contestaba a una petición de documentación -solicitada por el diputado del grupo popular José Císcar- en la que se pedía copia de los documentos escritos enviados por Aerocas a la Unión Europea. La contestación fue similar: Soler explicó que «la documentación que solicita se encuentra en fase de tramitación por parte de la Comisión Europea, que ha solicitado la declaración de confidencialidad».
Por esta cuestión pone a disposición de Císcar un «CD-R, protegido con contraseña» y le recuerda que «por el simple hecho de disponer de la documentación y acceder a la información que contiene, se compromete al cumplimiento de los deberes de custodia y reserva que tocan con tal de proteger la confidencialidad pedida».
Destruir la documentación
La tercera respuesta también es del conseller de Hacienda, Vicent Soler. La petición de documentación es en esta ocasión del diputado del grupo popular Rubén Ibáñez , quien solicita la relación de todas las facturas no contabilizadas en el Registro Único de Facturas por importe global de 400 y 200 millones de euros.
Soler responde que se le dará un «CD-R protegido con contraseña» y le recuerda a Ibáñez su «deber de guardar los datos» y también que «una vez cumplido el uso específico por el que se solicita la documentación entregada, ésta tendrá que ser destruida». Mantiene así el actual Consell de Ximo Puig la confidencialidad en mucha de la documentación oficial a la que la oposición pide tener acceso y, en este caso, no atiende al espíritu de transparencia en la gestión pública que se recogía en el Pacto del Botánico y en la propia Conselleria creada a tal efecto.
El Consell se encomienda de esta forma a la legalidad vigente -como hicieron sus predecesores-, aunque no se ponen en práctica los «principios éticos» que tanto Puig y Oltra como Blanco exigían al Ejecutivo autonómico que les precedió .
