«En la pública es imposible encontrar un centro con castellano»

«Mi hija de 15 años estudia en Secundaria en un instituto público de Valencia, y menos Física y Química y la asignatura de castellano, todas las demás se ofrecen en valenciano. Ella es castellohablante y con ese esfuerzo cognitivo extra le cuesta mucho más entender, tiene que estar traduciéndose », explica una madre que ya ha presentado varias denuncias a la Inspección de Educación y al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico). El inspector le dijo que las leyes actuales están «en tela de juicio» y que solo podía recurrir al Tribunal Constitucional contra esas normas.

«En la educación pública es imposible encontrar un centro donde aprender en castellano y, aunque mi hija y yo entendemos el valenciano, no es nuestra lengua materna y el entorno lingüístico también es castellanohablante», relata, cansada de que «se prime más el conocimiento de un idioma que el de las asignaturas en sí».

El origen de esta situación está en un decreto sobre plurilingüismo aprobado por la Generalitat en la pasada legislatura que se topó con cinco sentencias en contra por discriminar a los alumnos que eligen castellano y vulnerar sus derechos fundamentales. El Ejecutivo del PSOE y Compromís sintetizó la esencia de aquel polémico decreto en una ley que continúa « discriminando al castellano y dando prioridad al valenciano como lengua de uso común en los centros escolares y en las comunicaciones a las familias», según denuncia la plataforma Educación en Libertad. En el caso de esta madre, ya se arrepiente de haber cambiado a su hija de un centro concertado en el que terminó Primaria hace tres años al centro en el que está actualmente, uno público en el que nadie le había avisado de que iban eliminar el castellano, año tras año, hasta reducirlo al mínimo y con todas las materias troncales en valenciano.

«Por la calle oyes hablar en castellano, pero es como si quisieran transformar las cosas, una prepotencia... No sé si lo conseguirán, aunque las lenguas no se pueden imponer, ni con dinero ni así», opina. Ha denunciado también por escrito que las comunicaciones a los padres se envían en valenciano y se dan « situaciones surrealistas , con algunos padres que vienen de otro país y de pronto no entienden, y hay otros que no se atreven a hablar».

Las presiones «vienen de arriba, no de los directores de los centros. Algunos padres entran en el chantaje emocional, te dicen que luego le va a venir muy bien a tu hijo, que es por su futuro o será un inadaptado». Ella ve un trasfondo político, intencionalidad . «Parece que quieran hacer de la Comunidad Valenciana un satélite de Cataluña, como con Baleares, ese proyecto megalomaníaco, pero no nos han preguntado qué queremos los valencianos», critica.