Análisis
De la financiación a la Diputación: el PSOE valenciano se convierte en la «piedra en el zapato» de Ferraz
Los socialistas asumen que los casos de corrupción perjudicarán sus expectativas electorales
Pedro Sánchez llega inesperadamente al Gobierno con el triunfo de una moción de censura. La alegría se instala en el socialismo valenciano por cómo el arrastre de la marca nacional puede ayudar a mejorar las encuestas a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales en un territorio en el que tienen el reto de que su socio de Gobierno, Compromís, no les supere en votos. Pese a los problemas que ya genera -y generará- en el discurso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig , el cambio de Ejecutivo central -al tener que rebajar sus pretensiones en la exigencia de una nueva financiación autonómica pese a ser su bandera de esta legislatura-, la noticia era bien recibida. Todo ello después de un largo proceso de primarias internas que volvía a demostrar que las heridas en ese partido nunca se cierran.
La tranquilidad se diluía el pasado miércoles, una jornada que se vivió con sobresalto desde primera hora al conocerse la detención del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez , junto a su círculo de confianza. Un mazazo que asumen que les puede pasar factura en los comicios por su «espectacularidad» y que se convierte en un dolor de cabeza más para Ferraz procedente de la federación valenciana.
La denominada «Operación Alquería» fue llevada a cabo por agentes de la Udef y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Arrestaron a seis personas: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego). Todos quedaron en libertad con cargos el jueves, aunque permanecen imputados.
La investigación policial y judicial arrancó hace seis meses tras la denuncia de trabajadores de Divalterra. La causa secreta fue abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal. Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -pese a tener 12 informes jurídicos en contra- y en los que se habría colocado a personas afines a los partidos. El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.
La caída de Jorge Rodríguez
La caída de Jorge Rodríguez resulta muy significativa en el ámbito político, ya que a sus 39 años representaba al sector de jóvenes valores de los socialistas valencianos. Alcalde de Ontinyent -y hasta ahora también portavoz en la ejecutiva del PSPV-, pasó a presidir la diputación tras los escándalos durante la etapa de los populares. Un puesto que le otorgaba importante proyección (se le llegó a señalar incluso como un posible relevo de Ximo Puig ).
Caracterizado por su claridad en las declaraciones públicas y sin querer significarse del todo en familias socialistas, apoyó a Puig frente a Rafa García -el candidato del «sanchismo»- para liderar el PSPV. Este, sin embargo, tuvo que frenar posteriormente su intento de plantar batalla en la secretaría provincial de Valencia al tratar de presentarse contra Mercedes Caballero , cercana al «número dos» del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos . Precisamente él fue el primero en pedir públicamente su dimisión pocas horas después de conocerse la detención.
La investigación de lo sucedido en Divalterra no ha sido el único susto que ha traído la justicia. El pasado marzo se conocía la investigación que había llevado a cabo durante año y medio el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia sobre una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) de cara a las elecciones de 2007. En el auto en el que la juez derivaba la causa a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm) , desglosaba la operativa: «Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas».
De Crespo Gomar a Divalterra
En ese momento, el líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla y en los papeles en los que ha indagado la Policía aparecía el nombre de José Cataluña , exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE y uno de los históricos del partido. Crespo Gomar fue presidida por Alberto Gomar y en ella trabajó también José Ramón Tíller . Ambos (imputados en un caso que ya suma veintiséis investigados) eran personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo , actualmente asesor de Ximo Puig y una de las personas con más influencia a nivel interno a lo largo de los años.
Se da la circunstancia de que Tíller y Orengo trataron de tener un papel importante en la limpieza de Imelsa (la empresa pública que cambió su nombre por Divalterra) en un inicio. El primero como gerente y el segundo como jefe de Gabinete de Rodríguez. El presidente de la Diputación, sin embargo, decidió prescindir de Tíller, lo cual precipitó la salida también de Orengo. Por el momento a ninguno se le ha implicado en la nueva causa.
