El protocolo fantasma

La gestión de los centros de menores amenaza a este paso con llevarse a más de uno por delante en la escena política, queda un año de legislatura y la cosa está bastante peor de cómo empezó para el Gobierno del Botánico en 2015. Problemas hay, de todo tipo. Desde la falta de medios, hasta la precariedad de las instalaciones, sin entrar en más historias, no hace falta. El Sindic de Greuges , en su último informe y por citar una fuente oficial, utilizó 12 páginas para retratar una situación más que precaria, que como casi todo en la vida se solucionaría con más dinero, con más medios, pero a lo mejor, también con menos ideología y más gestión. La última originalidad de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas pasa por instalar un centro de acogida en una urbanización perteneciente al término municipal de Paterna. Alguno dirá ¿Y qué? Una urbanización a 10 km de Valencia. Una urbanización sin servicios públicos, ni transporte, ni comercios, ni polideportivos, ni centros de ocio ni sociales, sin Kioskos, sin parques o zonas de encuentro. Tiene una gasolinera y un restaurante, quizá sean estos los requisitos que debe reunir el entorno de un centro de este tipo. Los menores a todo esto, están escolarizados en Valenci a, todo muy cuerdo, todo seguro se ha hecho pensando en ellos. Por cierto, el Ayuntamiento en cuestión, se enteró por la prensa. Ni una sola notificación de la Consellería ¿Por qué? Los responsables de la gestión del futuro centro, defienden su ubicación con un argumento de peso, “tiene una cancha de tenis”. Año 2018, así se hacen las cosas ¿De verdad mejorar el sistema es sólo cuestión de medios y dinero? ¿O quizá de algo más?

Mientras tanto, y a la espera de apertura de nuevos centros, no estaría de más mejorar el funcionamiento de los que ya están operativos. Esta semana ha trascendido que en Bu ñol, su alcaldesa (PSPV) ha remitido a la Fiscalía los problemas que los menores generan fuera del centro por la falta de control sobre los mismos. Una situación que se produce después de que la Consellería anunciase el pasado mes de diciembre que había subsanado todos los problemas en un informe remitido a la propia fiscalía. El escrito terminaba afirmando que el centro de menores de Buñol estaba siendo objeto de un control constante y continuo por parte de la Dirección General de Infancia y la Dirección Territorial, y que además se había puesto en marcha una nueva metodología de trabajo, basada en la adopción de protocolos que regulasen mejor la convivencia, para prevenir situaciones de conflicto. Pues resulta que dos meses después, el tema vuelve a donde empezó, parece que el protocolo y la metodología no han funcionado. Lo sufren los menores, y lo sufren, hay que decirlo, los vecinos.